San Juan

Gigantes internacionales y grupos nacionales compiten por proyectos que podrían fortalecer el posicionamiento argentino en la futura producción mundial de cobre.

La Legislatura riojana anuló una ley de 1968 que beneficiaba a la administración sanjuanina y acudirá a la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto que lleva el nombre de Ley de Proveedores Mineros establece que las mineras deberán contratar al menos un 80% de trabajadores locales y destinar hasta un 60% de sus compras y servicios a proveedores sanjuaninos.

Tras casi siete años de inactividad, el complejo Casposo-Manantiales retoma las operaciones de exploración con una inversión superior a los 15 millones de dólares. El proyecto, liderado por Eduardo Elsztain, prevé generar exportaciones por 60 millones de dólares durante 2026.

El gobernador Marcelo Orrego defendió la jurisdicción provincial sobre áreas clave para la minería y el turismo, respaldándose en la legislación nacional vigente y descartando cualquier negociación sobre regalías.

Una resolución ordenó suspender por 30 días las actividades del Proyecto Vicuña y bloquear el paso de maquinaria por el corredor de Guandacol. La medida, que alcanza a un yacimiento ubicado en San Juan, encendió alarmas en el sector productivo por sus efectos en el empleo, la logística minera y la economía regional.