La Policía Ambiental Minera realizó 570 inspecciones y ordenó 63 ceses de actividad durante 2025

La Policía Ambiental Minera (PAM) concluyó 2025 con un balance de fuerte despliegue territorial y modernización operativa, al registrar 570 inspecciones en yacimientos, plantas y operaciones logísticas, además de 63 ceses de actividad y tres clausuras por incumplimientos detectados durante los controles. El resultado consolida el esquema de prevención, ordenamiento y transparencia impulsado por el Ministerio de Energía y Ambiente a lo largo de toda la cadena minera.

Durante el año, el organismo afianzó su sistema de fiscalización en las delegaciones Centro, San Rafael y Malargüe, garantizando cobertura permanente en toda la provincia. En paralelo, reforzó su presencia institucional mediante capacitaciones destinadas a fuerzas de seguridad, docentes, cámaras empresarias y organizaciones sociales, con el objetivo de difundir el alcance del control ambiental minero y promover una mirada integral sobre la actividad.

Uno de los hitos del período fue el inicio de las inspecciones asociadas a los informes de partida, establecidos por las resoluciones 106/25 DM y 36/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. Al respecto, el jefe del cuerpo de control, Guillermo Bickham, explicó: “Estas verificaciones iniciales permiten evaluar en sitio las condiciones de minas y plantas de beneficio. Hasta el momento se completaron 30 inspecciones, cuyos resultados se encuentran bajo análisis técnico para avanzar hacia la segunda etapa de evaluación”.

Modernización tecnológica y capacidad de respuesta
En materia de gestión, la renovación completa del sistema de actas digitales permitió mejorar la trazabilidad, la transparencia y la protección de la información generada en cada procedimiento de control.

A esta mejora se sumó la puesta en funcionamiento de la Sala de Monitoreo, concebida como un centro estratégico para la visualización de datos en tiempo real, la supervisión remota de operativos y el fortalecimiento de la planificación y respuesta operativa.

Asimismo, la incorporación de equipos de comunicación Tetra elevó los estándares de seguridad y coordinación entre inspectores, especialmente en zonas extensas, alejadas o de difícil acceso.

Articulación institucional y logística
La PAM profundizó los acuerdos de cooperación con el Ministerio de Seguridad y Gendarmería Nacional para desarrollar operativos conjuntos en áreas clave de actividad minera. También avanzó en convenios con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), lo que permitió reforzar el control sobre el uso y la autorización de explosivos en el sector.

De igual modo, se fortaleció el trabajo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, enfocado en mejorar la fiscalización de las condiciones de higiene y seguridad en los sitios de operación.

En el plano operativo, la recuperación y puesta en servicio del camión Unimog resultó clave para auditorías, mensuras y tareas técnicas en entornos de alta complejidad, donde el acceso demanda vehículos especializados.

Estándares de calidad y proyección futura
La ejecución del plan anual bajo normas ISO incluyó auditorías de Declaraciones de Impacto Ambiental en Malargüe Distrito Minero Occidental I y II, controles a proyectos de exploración, seguimiento del proyecto potasio PRC en fase productiva, fiscalización de plantas de tratamiento y acopios, verificación de bienes de capital y equipos especiales, además de coordinación permanente con organismos de seguridad y refuerzo de la plantilla técnica.

En paralelo, se avanzó en la creación de bases operativas en Alta Montaña y en un registro de infractores, herramientas orientadas a optimizar el seguimiento de antecedentes y mejorar la eficacia de futuras intervenciones.

Rol y funciones del organismo
La Policía Ambiental Minera, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, es la autoridad encargada de inspeccionar labores subterráneas y a cielo abierto, maquinarias, plantas de beneficio, acopios y transporte de minerales en todas las etapas de la actividad.

Cuenta con facultades para detener operaciones que impliquen riesgos ambientales o de seguridad, notificar irregularidades y exigir su corrección. Verifica el cumplimiento de la documentación obligatoria, como Declaraciones Juradas de Producción, Guías de Transporte, Declaraciones de Buenas Prácticas e Informes y Declaraciones de Impacto Ambiental, y promueve la mejora continua en calidad, seguridad y protección ambiental.

Sus inspectores tienen libre acceso a las instalaciones, pueden labrar actas, aplicar sanciones y requerir apoyo de la fuerza pública, mientras que los responsables de las operaciones deben acompañar cada inspección y aportar la información solicitada.

La capacitación permanente del personal es otro eje central: incluye formación en RCP y uso de DEA, primeros auxilios, sistemas digitales de gestión, manejo de extintores, trabajo con cuerdas, elaboración de actas y planes de contingencia, garantizando intervenciones seguras, precisas y acordes a los estándares de la fiscalización minera moderna.

Con este balance, la provincia cierra un año marcado por mayor control, mayor presencia territorial y mejores herramientas técnicas, pilares clave para una minería responsable, transparente y en cumplimiento con la normativa ambiental vigente.