La explotación de minerales está prohibida en áreas protegidas; hay dos denuncias en el Parque Tunari. Por otro lado, los contratos dependen de consultas previas.
Mundo23/07/2023
Salta Mining
En el departamento de Cochabamba, hay 169 cooperativas y empresas mineras que operan de manera legal, y hasta generan regalías. Sin embargo, también existe un mercado negro, donde los actores productivos actúan al margen de la ley. Ante este hecho, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) impulsa, en la actualidad, siete procesos penales.
La explotación de minerales está prohibida en áreas protegidas; hay dos denuncias en el Parque Nacional Tunari (PNT). Por otro lado, los contratos dependen de consultas previas.
En lo positivo, la actividad legal, la declaración de explotación en el departamento aportan a la economía a través de las regalías. En lo negativo, el mercado negro, la minería ilegal, es un problema al que se enfrentan las autoridades.
Según la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Gobernación, de los 169 actores productivos mineros, 106 son cooperativas y 63 son empresas. De las 16 provincias del departamento, solo tres no tienen actividad minera (Carrasco, Arani y Campero).
Entretanto, en Mizque, donde hay plata, plomo, zinc y oro, operan siete cooperativas; en Tapacarí hay 25 cooperativas y cinco empresas, allá explotan cobre, plata, plomo, zinc, caliza, yeso, carbonato de calcio, arcilla, roca fosfórica, magnesita, mármol y baritina; en Capinota, 17 cooperativas y 29 empresas explotan plata, plomo, zinc, estaño, roca fosfórica, bentonita, arena silicia, caliza y carbonato de calcio; en Esteban Arce hay una cooperativa y cuatro empresas, tienen actividad con plata, plomo y zinc; Bolívar cuenta con dos cooperativa que explotan plata, plomo, zinc y estaño; en Cercado, una empresa comercializa wólfram y tantalio; y en Ayopaya hay 32 cooperativas y nueve empresas que explotan oro, wolframio, yeso, plomo, antimonio, zinc, plata, caliza y sodalita.
Entretanto, en Arque son 20 cooperativas y dos empresas que trabajan con plata, plomo, zinc, estaño, oro, yeso, baritina, piedra, caliza, mármol y hierro; en Quillacollo existen nueve empresas, y explotan calcita, yeso, mármol, arcilla y roca fosfórica; en Chapare tienen dos cooperativas y dos empresas, explotan oro, mármol, yeso y caliza; en Tiraque hay una cooperativa; en Germán Jordán, una empresa explota arcilla; y en Punata, otra explota puzolana.
El secretario de Minería e Hidrocarburos, Eleuterio Galindo, informó que estos productores están legalmente constituidos. Cochabamba se constituye en un departamento minero.
La AJAM, lo que antes fue la Superintendencia de Minas, es una institución del Ministerio de Minería y Metalurgia. Su trabajo es fiscalizar y regular la otorgación de derechos mineros, también su extinción, su protección; además de “luchar contra el flagelo que es la minería ilegal”.
Para la fiscalización de la comercialización, la entidad encargada es el Servicio Nacional de Registro Comercial Minero (Senarecom).
Sin embargo, existe actividad ilegal, un mercado negro que no es fácil identificar.
Galindo describió que, un kilo de oro puede entrar en la tapa de un celular o en el bolsillo y que el control se dificulta.
La Gobernación controla a los comercializadores que, de acuerdo con un decreto supremo referido a los procedimientos de verificación del cumplimiento de las obligaciones de retención y pago de la regalía minera, deben presentar libros de compras y ventas.
La minería ilegal puede llegar a acciones penales.
La Ley 367 de 2013, en su artículo 232 establece, entre otros, que “el que realizare actividades de explotación de recursos minerales sin contar con autorización o derecho otorgado en el marco de la normativa vigente, será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años”, además, “el que vendiere o comprare recursos minerales producto de avasallamiento de área minera o de explotación ilegal de recursos minerales, incurrirá en la pena de privación de libertad de tres a seis años”.
El director departamental de la AJAM en Cochabamba y director sustituto de la AJAM Santa Cruz, Luis David Apaza, informó que este 2023 ya realizaron una decena de inspecciones. Detalló que existe un total de siete procesos; de esos, cinco son de este año.
En uno de los casos más recientes, cuatro personas fueron identificadas en actividad minera ilegal y la AJAM en Cochabamba impulsó un proceso penal; la audiencia está prevista para el martes.
Se trata de personas que fueron encontradas transportando minerales sin justificar el origen de los mismos. Apaza describió que fueron identificados por Ayoapaya. Hubo intervención inmediata con policías.
Para tres de ellos piden la detención preventiva en el penal de El Abra. Para el cuarto, al tratarse de una persona adulta mayor, solicitan la detención domiciliaria.
Por otro lado, Apaza informó que también procesan a exfuncionarios de la AJAM, ingresan a juicio oral.
“Tenemos cero tolerancia a la corrupción. Tenemos dos procesos exfuncionarios, uno ya está en sentencia de primera instancia contra un funcionario por presuntamente haber cometido delitos de concusión; es decir, haber solicitado lo que se conoce como sobornos o coimas para que haya algún tipo de beneficio en trámites”.
La actividad minera está restringida en áreas protegidas, como el Parque Nacional Tunari (PNT).
La AJAM de Cochabamba es denunciante en dos procesos por actividad minera ilegal en el área. Las querellas se presentaron hace un par de semanas.
“Existen disposiciones prohibitorias que no permiten la actividad minera en estas áreas. Ahí se les ha encontrado explotando ilegalmente”.
Con el objetivo de un trabajo coordinado para los controles, la Gobernación firma convenios con diferentes instancias, como con la Federación Departamental de Cooperativas Mineras; con la Cámara Departamental de Minería (Cademín).
Se acercan a los municipios, que también se benefician con regalías. Ya existen convenios con Mizque, Arque y el territorio indígena de Raqaypampa, y prevén pronto firmar con Sicaya y Cocapata.
También están los convenios intergubernativos, como con el Servicio Geológico Minero (Sergeomin), considerando lo relacionado a la prospección y exploración.
Mientras, los convenios específicos apuntan a la exploración. Hay planes con Morochata, Independencia y Bolívar.
Una norma de mayo de 2021 es la herramienta para la garantía de captación de regalías mineras en el departamento. Antes, existía fuga de mineral a otros lugares, no se declaraba en Cochabamba. Pero, en la actualidad, la situación mejora.
Galindo recordó que en 2021 la recaudación por regalías fue de 14 millones de bolivianos; en 2022, alcanzó 18 millones. Para 2023, el estimado era 10 millones; pero, ya se superaron los 35 millones.
“Estamos a media gestión; entonces, tenemos una proyección de sobrepasar los 50 millones”.
Según el secretario departamental, en 2022, el departamento era el quinto productor minero del país, después de Potosí, La Paz, Oruro y Beni.
Sin embargo, en lo que va de 2023, Cochabamba estaría en tercer lugar, luego de Potosí y La Paz, en lo relacionado con recaudaciones mineras. “No es un dato definitivo todavía”.
De acuerdo con la Ley 535 de Minería y Metalurgia, el 85% de las regalías mineras es para el departamento, y los municipios reciben el 15%.
De los recursos que percibe la Gobernación (85%), el 10% se debe destinar a prospección y exploración.
El oro de Cocapata, municipio de la región Andina de Cochabamba, se exporta a Dubái.
La explotación ilegal del oro ha generado muchas repercusiones en el país, en especial en Beni, con el caso de personas detenidas por dicha actividad. Las autoridades a cargo del tema en Cochabamba apuntan a un trabajo que evite actividades irregulares.
El oro es uno de los metales preciosos más codiciados en el mundo. En la actualidad, las autoridades locales también tienen el foco en la actividad aurífera.
Galindo informó que, en 2022, en Cocapata, había dos cooperativas. Pero, hasta hace un par de días ya sumaron 10. Esta decena de cooperativas tiene actividad legal.
Estimó que cada mes se exporta desde Cochabamba alrededor de 50 kilos de oro y que eso se refleja en regalías.
Un kilo de oro cuesta alrededor de 50 mil dólares.
La diferencia es alta entre los metales y no metales. Como ejemplo, una volqueta de arcilla cuesta alrededor de 300 bolivianos.
La actividad de estas cooperativas esta en el marco de la norma. Sin embargo, la AJAM se enfoca en la zona porque también podría darse minería ilegal.
Apaza describió que se realizan controles. Explicó que ante cuando identifican actividad fuera de la norma, si se trata de alguna cooperativa o una empresa privada, inmediatamente, es suspendido. Existen actores productivos mineros a los cuales se les suspendieron trámites. Un caso de estos se dio en ese municipio en abril. Se trató de un tema que se arrastraba desde abril, y hace referencia a actores que no cuentan con la documentación necesaria.
En 2022, el municipio que más recaudación registró por actividad minera en Cochabamba, fue Mizque. Mientras, en lo que va de 2023, es Cocapata. Galindo explica que esto se debe a la exportación del oro.
Entretanto, otros minerales que se exportan desde Cochabamba son la plata, desde municipios del Cono Sur, donde también está Mina Asientos donde explotan zinc. También está el wólfram. Uno de los principales mercados es Estados Unidos.
Mientras, los volúmenes más grandes son las calizas, de Arque, Sicaya, Tapacarí y otros municipios.
Lo que antes se denominaban concesiones mineras son ahora los contratos administrativos mineros. Quien no cuenta con estos documentos no puede explotar mineral.
Los actores productivos mineros pueden ser cooperativas, empresas privadas o empresas públicas (como la corporación Minera de Bolivia - Comibol). El trámite incluye la presentación de fotocopia de carnet, si fuera unipersonal, y el pago de una tasa; se hace una reserva dando las coordenadas específicas de dónde posiblemente realizará una actividad minera. Luego, se hace evaluación rigurosa a los requisitos; requieren documentos del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec). Después, se realizan informes técnicos y se verifica que no exista compatibilidad de uso con el área.
El proceso para los contratos incluye la consulta previa, que es un derecho que tienen las comunidades indígenas originarias campesinas aledañas o en el área donde supuestamente trabajarían.
“Si ellos están de acuerdo, pueden aprobar en un voto resolutivo. Se hace una consulta con el acompañamiento del Tribunal Electoral”.
Se otorga varias oportunidades y una fase de mediación. Pero, si no están de acuerdo, puede causar el rechazo del trámite.
Si se aprueba, continúa una serie de pasos y pasan por diferentes filtros, hasta el Ministerio.
Fuente: https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/7-procesos-mineria-ilegal-existen-169-cooperativas-empresas/20230721220908914674.html
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