San Juan fortalece el control ambiental minero con nueva flota y laboratorio móvil

La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan ha dado un paso estratégico en su capacidad de fiscalización, incorporando nueva tecnología y movilidad que permitirá un control más eficaz de la actividad minera en toda la provincia. Esta modernización llega en un momento clave, con un sector en expansión y mayores demandas sobre los recursos naturales.

Cinco camionetas cero kilómetro y un laboratorio móvil de alta tecnología se suman al equipamiento operativo del organismo. La inversión, que supera los 200 millones de pesos, busca mejorar la cobertura territorial, optimizar los controles técnicos y garantizar condiciones de seguridad para los equipos que trabajan en zonas de difícil acceso.

Una de las principales novedades es el laboratorio móvil, desarrollado por el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI). Esta unidad, montada sobre una camioneta especialmente acondicionada, está diseñada para realizar análisis ambientales directamente en el terreno, incluyendo monitoreos de agua, suelo y aire. Su autonomía —capaz de recorrer hasta 1000 kilómetros sin recarga de combustible— le permite operar de forma independiente incluso en zonas cordilleranas remotas.

Este laboratorio “permite realizar mediciones de parámetros de campo, primeros análisis de elementos en muestras de agua y calibración de instrumental en el sitio”, superando las limitaciones logísticas que tradicionalmente enfrentaban los técnicos.

La renovación de la flota no se limita a una mejora logística, sino que responde a una política pública que reconoce a la minería como una actividad estratégica para el desarrollo de San Juan. En esa línea, el gobernador Dr. Marcelo Orrego ha sostenido desde el inicio de su gestión que el Estado debe asumir un rol activo en el control ambiental.

Los nuevos vehículos y el laboratorio recorrerán todas las regiones mineras sin distinción, fiscalizando proyectos en diferentes fases, desde la prospección hasta la explotación. Esta cobertura integral fortalece la labor de la Policía Minera, que entre 2024 y lo que va de 2025 ya realizó más de 300 inspecciones en diversos puntos de la provincia.

La articulación con municipios y otras áreas gubernamentales resulta clave, especialmente cuando se trata de llegar a zonas montañosas o de difícil acceso. En este marco, la Secretaría actúa no solo en el monitoreo, sino también en el seguimiento de las condiciones ambientales de los proyectos.

Cuando los controles detectan incumplimientos, “la Secretaría, a través de la Policía Minera, puede intimar a los proyectos, suspender actividades y, si no se corrigen las fallas, avanzar en infracciones que pueden derivar en multas, previa resolución de un sumario administrativo”.

La labor del organismo se sostiene sobre dos pilares esenciales: la evaluación ambiental y el control efectivo. En la medida en que los proyectos mineros se alineen con las normativas vigentes, se potencia la capacidad de fiscalización y se consolida un sistema técnica y territorialmente robusto, acorde a los desafíos de una minería responsable y sostenible.