Debate abierto: la posible eliminación del compre local enciende alertas en los proveedores locales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó hoy las propuestas incluidas en el informe final del Consejo de Mayo, que serán enviadas por el Gobierno para su debate en el Congreso de la Nación. Entre las reformas propuestas por el Gobierno nacional se incluye la eliminación de leyes de compre provincial y de topes de mano de obra local, algo que abrió un frente de tensión en Salta, una provincia donde este marco legal fue clave para consolidar un tejido empresarial minero robusto durante los últimos cinco años.

En conferencia de prensa el funcionario nacional expresó:  "Se va a proponer la eliminación, de leyes de compre provincial y de topes de mano de obra local. Un tema sobre el cual el Consejo quiere advertir, ante el boom de la minería, es imperioso que el mercado de factores integre en todo el país como un único mercado y no poniendo topes que lo único que hace es complicar la actividad".

Aunque Adorni remarcó que ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo avanzaron en el Consejo de Mayo y que varias iniciativas se enviarán al Congreso durante las sesiones extraordinarias, el eje que más preocupación despierta en la región es el que apunta directamente a la normativa que prioriza a proveedores y trabajadores locales. En Salta, estas leyes se consideran una herramienta determinante para ampliar la licencia social y generar desarrollo territorial.

La Ley 8164 que promueve la contratación de proveedores y trabajadores salteños se sancionó el 26 de septiembre de 2019. La normativa impulsa de manera enfática la contratación de mano de obra salteña y de empresas locales, que debe ser entre un 40 y 70%, de esa manera lo que se busca garantizar es que los puestos de trabajo generen un gran impacto en la economía local.

La discusión ya se coló con fuerza en el Salta Mining Summit. Allí, la secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón, abordó de lleno el tema y defendió la necesidad de sostener y mejorar los mecanismos de participación regional.
“Nosotros ya lo tenemos muy internalizado, el tema del compre local y el tema de los proveedores locales, que es un tema que siempre se presta a debate. Hay que entender la minería desde el territorio: por qué es importante involucrar a los proveedores locales para que realmente tenga licencia social. Las empresas ya lo entienden así, y esto para nosotros es una realidad”, afirmó.

Royón planteó además que la discusión no debe limitarse al eje provincial, sino avanzar hacia un esquema más amplio que diferencie proveedores regionales y nacionales. “Parecería que o es salteño o que venga de Corea o de China es lo mismo, y claramente no es lo mismo. Tenemos que tener una capa que hable de proveedores regionales y de proveedores nacionales”, subrayó.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta, Federico Russo, advirtió que cualquier retroceso normativo puede impactar directamente en la aceptación social de la actividad. “Este último tiempo se escucharon a nivel nacional palabras del ministro Federico Sturzenegger y de otros actores ir en contra de las leyes de compre local, y la verdad es que creemos que es importante que se mantengan. Eso es lo que fortalece la licencia social y lo que hizo que la minería sea aceptada en la provincia”, aseguró en diálogo con Salta Mining.

La posible eliminación de estas leyes abre un debate inevitable y profundo para Salta. Por un lado, el Gobierno nacional sostiene que busca un marco más uniforme, previsible y competitivo para atraer inversiones; por el otro, la provincia y su ecosistema empresarial alertan que sin una política que proteja el desarrollo local, la minería corre el riesgo de perder su anclaje territorial, su legitimidad social y parte del valor agregado generado en la región.

Pese a las diferencias, la discusión parece ser el camino obligado para una industria que no deja de crecer. La clave estará en encontrar un equilibrio que permita fortalecer la competitividad del país sin desarmar los cimientos que hicieron de Salta una de las provincias mineras más dinámicas de la Argentina.

Posible foco de tensión

La tensión que genera la posible eliminación del compre local vuelve a poner sobre la mesa un punto central y muchas veces olvidado en el debate nacional: los recursos naturales pertenecen a las provincias. Esto implica que cada jurisdicción tiene no sólo la potestad, sino también la responsabilidad de definir qué tipo de desarrollo minero quiere para su territorio, con qué reglas, con qué prioridades y con qué objetivos de largo plazo. En un país tan diverso en realidades, escalas y necesidades como la Argentina, pretender un esquema uniforme sin considerar las particularidades provinciales puede generar más conflictos que soluciones.

Por eso, mientras el Gobierno nacional impulsa reformas profundas orientadas a la competitividad y la desregulación, en provincias como Salta la discusión asume otra dimensión. Aquí, donde la minería ya está instalada como motor económico y social, las reglas como el compre provincial no surgieron por azar: fueron el resultado de un proceso estratégico para construir licencia social, fortalecer el entramado empresarial local y garantizar que la riqueza generada por los proyectos quede anclada en la región. Cambiar este esquema sin un análisis profundo podría alterar equilibrios que llevaron años consolidar.

Sin embargo, evitar el debate no es una opción. La minería avanza, crece, se complejiza y requiere de marcos normativos modernos, eficientes y alineados con estándares globales. En esa línea, las provincias deberán discutir seriamente cómo evolucionarán sus políticas de desarrollo, qué rol tendrán los proveedores locales, qué incentivos se necesitan para escalar la competitividad y qué articulación buscarán con un Gobierno nacional que propone reformas estructurales. Se trata de una conversación imprescindible si la Argentina aspira a posicionarse como un jugador relevante en el mercado internacional de minerales críticos.

Pero toda esta discusión deberá estar guiada por un principio ineludible: el respeto a las comunidades y al medioambiente. Ninguna política de desarrollo —ni provincial ni nacional— puede perder de vista que sin legitimidad social no hay minería posible, y que sin sostenibilidad ambiental no hay futuro para la actividad. Las decisiones que se tomen deberán garantizar que el progreso económico no vaya en detrimento de la calidad de vida de las poblaciones locales ni de los ecosistemas que sostienen a la región.

En definitiva, lo que está en juego no es sólo un artículo legal o un esquema de contratación: es el modelo de desarrollo minero que la Argentina quiere construir. Y en ese camino, las provincias están llamadas a jugar un rol determinante, equilibrando competitividad, inclusión territorial y sostenibilidad para que la minería sea, de verdad, una oportunidad de largo plazo.