Salta Mining
La discusión por el futuro de la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena, esta vez impulsada por la decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con una reforma que podría redefinir el mapa ambiental y productivo de la cordillera. Mientras gran parte del debate público continúa absorbido por las políticas económicas, el Ejecutivo incluyó la modificación de la Ley 26.639 entre los proyectos clave que buscará tratar en las sesiones extraordinarias de diciembre, reactivando un conflicto que desde hace años enfrenta a la comunidad científica, organizaciones socioambientales y al lobby extractivo.
La normativa, vigente desde 2010, estableció un blindaje estricto sobre glaciares y ambientes periglaciares, sectores que funcionan como reservas críticas de agua dulce para más de la mitad del territorio argentino. Su sanción marcó un freno a la expansión de la megaminería en alta montaña, al prohibir tareas que pudieran comprometer la estabilidad del hielo y el régimen hídrico de las cuencas.
El eje de la disputa vuelve a ubicarse en el ambiente periglaciar, un espacio donde el subsuelo congelado regula caudales, humedales y ecosistemas completos. “El ambiente periglaciar funciona como un amortiguador hídrico que sostiene las cuencas en épocas de escasez. Si se destruye, se pierde agua que no vuelve en escalas humanas”, explica Belén Reyes, geógrafa y coordinadora de la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC). Para especialistas, la reforma abre una vía para habilitar operaciones mineras en sectores que hoy son intangibles.
El proyecto oficial propone que sean las provincias —y no los parámetros científicos— quienes determinen qué áreas deben ser preservadas, una redefinición que encendió alertas inmediatas en territorios con fuerte presión extractiva como San Juan, Catamarca y Jujuy. El temor central es que la flexibilización permita avanzar sobre zonas donde actualmente rigen prohibiciones estrictas.
Las reacciones sociales no tardaron en llegar. Movimientos ambientales, sindicatos y organizaciones territoriales realizaron movilizaciones en distintas ciudades del país, denunciando que el cambio legislativo amenaza directamente el acceso al agua. “Nos quedamos sin agua si nos sacan los glaciares, no podemos cultivar en el campo. En el fondo estamos peleando por la vida”, señaló Sergio Val, director de Políticas Ambientales de la CTA, durante una de las manifestaciones.
También se pronunciaron colectivos como No a Mekorot y Basta de Falsas Soluciones, que volvieron a advertir sobre el impacto hídrico de la actividad minera en zonas de montaña. “Estamos siempre en defensa del agua porque está en juego la vida”, sostuvo Silvia Ferreyra, quien además denunció que las modificaciones propuestas “responden a exigencias de empresas mineras y cámaras multinacionales”.
En paralelo, más de 25 organizaciones ambientales —entre ellas FARN, Greenpeace, Vida Silvestre, Banco de Bosques y Abogados Ambientalistas— calificaron la iniciativa como “inconstitucional”, recordando que la ley vigente fue diseñada para evitar daños irreversibles en ecosistemas donde el agua es un recurso crítico. En un documento conjunto enfatizaron que “sin agua, no hay desarrollo posible”.
Las ONG también resaltaron la importancia del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), responsable del Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta clave en la toma de decisiones sobre protección hídrica. Reyes fue categórica: “Ir contra el IANIGLA es ir contra la ciencia argentina”.
