El objetivo es encontrar una fórmula que alivie la pesada carga tributaria impuesta el año pasado.
Salta13/04/2025
Salta Mining
Salta reconsidera la controvertida suba de impuestos que impactó de lleno a la actividad minera provincial. Tras un año de pedidos y advertencias sobre la pérdida de competitividad, el gobierno local reconoció el malestar del sector y puesto en marcha conversaciones para una posible reducción de tasas.
Fuentes de la Secretaría de Minería y Energía dejaron entrever que se está llevando a cabo un análisis exhaustivo junto a la cartera de Economía y representantes de las empresas mineras. El objetivo es encontrar una fórmula que alivie la pesada carga tributaria impuesta el año pasado.
La medida original, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada en enero del año siguiente (Ley N° 8.419), generó un profundo descontento en la industria. Los nuevos valores, que entraron en vigor en febrero, elevaron drásticamente los costos operativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la crucial tarea de exploración de nuevos yacimientos.
Para ilustrar el impacto, el permiso de cateo, esencial para la búsqueda de nuevos recursos, se disparó de $4.950 a la exorbitante cifra de $13.200.000. De igual manera, la adquisición de una mina vacante experimentó un salto de $132.000 a $29.700.000. Incluso trámites necesarios para el desarrollo de proyectos, como la solicitud de servidumbre para instalaciones básicas, alcanzaron los $13.200.000.
La situación se agravó aún más con la actualización de la Unidad Tributaria (UT) en un 157% aprobada en el Presupuesto 2025, lo que significó un nuevo golpe a las tasas retributivas de servicios mineros. Según el nuevo esquema tarifario, un permiso de cateo se elevó a $34 millones, mientras que la concesión por hectárea de cantera superó los $2 millones.
La preocupación central del sector radica en la pérdida de competitividad frente a provincias vecinas como Catamarca y Jujuy, donde la carga tributaria es significativamente menor. Esta desventaja afecta especialmente a la exploración, actividad fundamental para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la minería salteña.
Además de la minería metalífera, la suba también impactó fuertemente a la explotación de áridos. El permiso de cantera, por ejemplo, sufrió un incremento del 66.644%, pasando de $4.950 a $3.300.000 en 2024. Este año, la cuota fija por hectárea o fracción para las canteras de tercera categoría se fijó en $45.520 mediante la Resolución N° 134/24 de la Secretaría de Minería y Energía.
Ahora, con la apertura al diálogo y el inicio de un análisis conjunto, el sector minero salteño espera que la Provincia revierta, al menos parcialmente, estos aumentos que han generado incertidumbre y amenazan con frenar el desarrollo de una actividad económica clave para la región. La decisión final y el alcance de las posibles reducciones aún son inciertos, pero la voluntad del gobierno de escuchar los reclamos representa un primer paso significativo.
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