Mendoza implementa la Declaración Jurada de Buenas Prácticas para una minería más responsable

En un paso significativo hacia la promoción de una minería más responsable y transparente, la Dirección de Minería de Mendoza ha establecido por resolución la implementación de la Declaración Jurada de Buenas Prácticas. Este protocolo, enmarcado dentro del Nuevo Código de Procedimiento Minero, exige que los titulares de derechos mineros firmen y presenten la declaración antes de iniciar cualquier actividad minera o de obtener concesiones en la provincia.

La nueva medida busca fortalecer la responsabilidad social en el sector minero y garantizar que las empresas mineras operen bajo parámetros de seguridad, protección ambiental, inclusión social y comunicación constante con las comunidades locales. Según explicó Jerónimo Shantal, director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, este protocolo es una herramienta de vinculación comunitaria que permitirá a las empresas mineras establecer relaciones directas y colaborativas con las comunidades en las que operan.

“La Declaración Jurada de Buenas Prácticas establece una serie de protocolos para el monitoreo de actividades, tales como el uso participativo del agua y el desarrollo de planes socioeconómicos y socioculturales en las áreas de influencia de los proyectos mineros”, detalló Shantal. Además, subrayó que este compromiso incluye la obligación de las empresas de actualizar la declaración cada dos años, lo que permitirá un seguimiento constante de los avances por parte de las autoridades y de las comunidades locales.

Entre los aspectos clave de la declaración jurada, se destacan los requisitos para que las empresas mineras aseguren el cumplimiento de todas las normativas legales vigentes, promoviendo un modelo de minería sostenible que integre la seguridad laboral, la protección ambiental y la participación activa de las comunidades en los proyectos mineros.

Esta resolución, que se formaliza como una de las primeras acciones concretas bajo el Nuevo Código de Procedimiento Minero, establece un marco regulatorio que busca fortalecer la confianza entre la industria minera y la sociedad mendocina. Asimismo, asegura que los proyectos sean desarrollados con altos estándares de responsabilidad social y ambiental, alineándose con los principios de sostenibilidad que buscan posicionar a Mendoza como un referente en minería ética y transparente.