El futuro de Salinas Grandes: una región clave para la actividad minera

Salta y Jujuy comparten una de las mayores reservas de litio de salmuera en el mundo. Las Salinas Grandes están ubicadas a una altitud de 3.450 metros sobre el nivel del mar, y son el cuarto salar más grande de Sudamérica, cubriendo una extensión que se estima en aproximadamente 212 kilómetros cuadrados. El salar se encuentra políticamente dividido entre los departamentos de Tumbaya y Cochinoca en Jujuy y La Poma y Los Andes en Salta. Actualmente, es sus territorios habitan aproximadamente 7,000 familias.

Esta región es clave para la actividad minera, particularmente para la extracción de litio, un recurso estratégico para la transición energética global que ofrece una oportunidad única para el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades locales. Si tomamos como ejemplo a Salta, la actividad litífera ha demostrado tener el potencial de transformar las economías regionales. Los distintos gobiernos provinciales han mantenido políticas públicas en este sector generando proyectos mineros responsables, que dan empleo, infraestructura y recursos económicos que impulsan la calidad de vida en estas zonas, que fueron tradicionalmente relegadas.

En pocos años, el municipio cabecera de Los Andes, registró un crecimiento económico exponencial por la minería donde se ocupó al 70% de la bolsa de trabajo de la Puna salteña. A nivel provincial, Salta lleva más de cuatro años de crecimiento ininterrumpido. Los datos del último año contabilizan 5857 puestos de trabajo directos y se calculan más de 20.000 indirectos. Las cifras representan un incremento del 40 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo, la situación en Salinas Grandes es más compleja ya que actualmente se refleja una fuerte controversia entre las comunidades indígenas, algunas a favor y otras en contra de la explotación de litio.

“El principal reclamo de las comunidades que se oponen al litio se basa en el documento "Kachi Yupi", a través del cual se pretende que todas las comunidades estén de acuerdo para avanzar con proyectos como el del litio. Sin embargo, este documento no tiene validez legal. La FARN, una organización ambiental con sede en Buenos Aires, ha respaldado a las comunidades opositoras al desarrollo de estos proyectos”, expresó a Salta Mining abogado especialista en Derecho Minero, Gonzalo Castañeda Nordmann.

El litio, conocido como el "oro blanco", en los últimos cinco años ha capturado la atención del mundo por su uso en baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, y por ser un mineral clave en la lucha contra el cambio climático. Esta comprobado que su creciente demanda mundial de este mineral podría generar inversiones significativas en las Salinas Grandes, fomentando la creación de empleo directo e indirecto. Solo falta mirar el ejemplo de Salta.

Las empresas mineras no solo aportan trabajo y desarrollo de infraestructura esencial como caminos, hospitales y servicios de salud sino que también llevan adelante acciones que benefician a las comunidades cercanas con becas de estudio a jóvenes o capacitaciones laborales. Es por eso, que el desarrollo de proyectos mineros no implica necesariamente un conflicto con las comunidades locales sino todo lo contrario.

A través de un diálogo constructivo y la implementación de procesos de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI), establecidos por el Convenio 169 de la OIT, las comunidades se transformaron en actores claves para que las empresas pueden garantizar que los derechos de las comunidades indígenas sean respetados.

“El "Kachi Yupi" es solo un acuerdo entre comunidades sin fuerza legal, no es una ley, un Decreto ni acto jurídico similar. En Jujuy, el único marco legal válido en este contexto es el decreto 7751 (entre otras normas transversales por supuesto), que detalla los pasos a seguir para avanzar en un proyecto de litio”, aseguró Gonzalo Castañeda Nordmann.

El abogado destacó que es importante entender que las comunidades no tienen la “autoridad unilateral” para aprobar o rechazar proyectos mineros. Esa responsabilidad recae en el Estado, y debe ser abordada a través de un proceso de consulta y consenso con todas las comunidades involucradas. “Además, la consulta no es vinculante, pero es usual que las empresas busquen obtener la "licencia social" para asegurar la aceptación de sus proyectos”, destacó.

Este proceso de Consulta Popular, lo que permite a las comunidades es que participen en la toma de decisiones. A través de este proceso se aseguran que se respeten sus derechos sobre los recursos naturales y que se minimicen los impactos negativos en su territorio. En la actualidad, muchas compañías han implementado prácticas de minería responsable, con tecnologías avanzadas para reducir el consumo de agua y minimizar el impacto ambiental.

Por ejemplo hay técnicas innovadoras de Extracción Directa de Litio (DLE, por sus siglas en inglés), que buscan métodos más limpios, rápidos y económicos para producir litio con menos consumo de agua. A diferencia de los métodos tradicionales que utilizan piscinas de evaporación, la técnica DLE permite extraer el litio de manera mucho más rápida.

“En resumen, el Kachi Yupi no tiene peso legal en los procesos mineros, y las decisiones sobre estos proyectos deben seguir los marcos normativos establecidos por el Estado. Lo único que se está logrando con una resistencia mal asesorada, es pegarse un tiro en los pies; porque las inversiones que podrían ya estar creando empleo, obras, infraestructura, etc., mirarán para otro lado o para otra provincia a la hora de poner el dinero, y esa perdida de oportunidad, o ese tren que pasa, quizás pase una sola vez, puede que no vuelva nunca más; y ahora con la caída del precio del litio, menos aún.”, explicó Gonzalo Castañeda Nordmann.

Salinas Grandes es el cuarto salar más grande de Sudamérica. Este salar es compartido entre Salta y Jujuy, pero en el plano social, y en sus orígenes se había conformado una mesa de las 33 comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, que en este momento ya está sintiendo fracturas entre sus representantes ya que hay comunidades que decidieron apoyar distintos proyectos de litio.

“Es necesario investigar a fondo quiénes están detrás de estas organizaciones que financian y estructuran la resistencia indígena al desarrollo minero en la zona. Lo cierto es que cualquier propietario de derechos mineros en Salinas Grandes difícilmente quiera invertir, dado el complejo panorama social generado por las comunidades. Es lamentable, considerando la urgente necesidad de empleo y las inversiones que podrían traer desarrollo a la región, que luego seguramente reclamarán su difícil realidad económica al Estado”, explicó el abogado a Salta Mining.

Algunas comunidades, que inicialmente formaban parte de las 33 comunidades de Salinas Grandes, han decidido apartarse y comenzar a llegar a acuerdos directamente con las empresas o con el Estado. Han manifestado de alguna manera: “Nosotros sí queremos la actividad, y la queremos cuanto antes; realicen la consulta previa e informada, pero no apliquen el Kachi Yupi". Esto refleja que las famosas 33 comunidades de Salinas Grandes están comenzando a fragmentarse.

Esta divergencia se intensificó tras el apoyo de la comunidad de Lipán al proyecto de Lition Energy, que ya ha comenzado a explorar la zona después de obtener los permisos legales correspondientes.

Además de Lition Energy, Tecpetrol mantuvo asambleas con las comunidades de Quebraleña y Rinconadillas para comenzar a operar en la zona. Ya han presentando sus Informes de Impacto Ambiental (IIAs) para la exploración de litio. Estas asambleas permitirán futuras reuniones de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP), donde la empresa expondrá los detalles de los IIAs a las comunidades y a los miembros de UGAMP.

La comunidad de Abralaite, por su parte, también ha decidido informarse más sobre el litio y abrirse a la presentación de empresas, mientras que Quera y Agua Caliente han ratificado su apoyo a los proyectos de litio.

Pluspetrol, otra empresa destacada en el sector, ha logrado avances importantes en la región. Las comunidades de Sauzalito y Quera y Aguas Calientes han otorgado su respaldo a la empresa para operar en sus territorios. Este acuerdo refleja un reconocimiento creciente de las oportunidades que la explotación del litio puede ofrecer a estas regiones.

“Al final del día, la realidad es clara: o las comunidades se suman a un diálogo constructivo y productivo que favorezca el desarrollo de la región, o seguirán viendo cómo el tren de las oportunidades pasa sin detenerse. El estancamiento no trae más que pobreza y aislamiento, mientras que la cooperación, con todos los resguardos y consultas necesarios, puede ser el puente hacia un futuro de progreso compartido. Deberían ver lo bien que están avanzando y funcionando otros proyectos mineros en Salta u otras provincia, por ejemplo, y ver que la madre de las industrias es una bendición cuando se hace bien”, aseguró Gonzalo Castañeda Nordmann.

Pero el sector minero no solo contribuye con empleo y recursos, sino que también promueve iniciativas que favorecen la educación, salud y calidad de vida. Además, las regalías mineras si son orientadas a inversiones sociales pueden generar programas de capacitación laboral, desarrollo de infraestructuras locales y apoyo al desarrollo de otras actividades que no están relacionadas con la minería como la agricultura, ganadería o el turismo, que son fundamentales para los habitantes de la Puna.

En lugar de oponerse al desarrollo, las comunidades pueden aprovechar esta oportunidad para integrarse de manera activa en la minería, protegiendo sus derechos y asegurando que los beneficios económicos generen mejoras tangibles en sus condiciones de vida. Este enfoque colaborativo es clave para el éxito de los proyectos mineros, ya que una minería bien gestionada puede ser un motor de desarrollo sostenible en la región.

Una de las principales opositoras a los proyectos de litio es la abogada ambientalista Alicia Chalabe quien participó en la reunión de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp) en favor de la Cooperativa Mineros de Salinas Grandes Limitada, a la que está directamente vinculada, y tiene hechos pedimentos para explorar y explotar litio en las minas Don Pancho y Andrea, ambas en la cuenca de Salinas Grandes.

“Chalabe, quien en el pasado se había manifestado como opositora a la minería, particularmente al litio, aparentemente ha realizado recientemente pedimentos mineros que, aunque está en su derecho de hacer, parecen contradecir sus acciones previas. Esto genera cuestionamientos, no desde un punto de vista legal, ya que tiene todo el derecho solicitar minas, sino en términos éticos. Su motivación para presentar estos reclamos no está del todo clara, especialmente cuando la ley es explícita al exigir que quien solicita una propiedad minera debe destinarla a inversiones en el sector, siendo ese su único objetivo permitido. Si pido una mina, es para hacer minería, fin de la discusión”, sentenció Gonzalo Castañeda Nordmann.

Así es como estas comunidades están ejerciendo su derecho a la autodeterminación, un derecho que no se ve reflejado en el Kachi Yupi. Este cambio de paradigma en la relación entre las comunidades aborígenes y la industria del litio destaca la importancia de la autodeterminación y la búsqueda del desarrollo para la región.