En un informe elaborado por el economista Alfredo Serrano Mancilla, la entidad presentó como alternativa una reforma fiscal, que permitiría en el corto plazo al Estado nacional incrementar la recaudación tributaria de la actividad, una reforma al Código de Minería y la compra de toda la producción del mineral por parte de Y-TEC (subsidiaria de YPF), que "provocaría una estatización de facto".
Celag precisó en su análisis que "de acuerdo con la Constitución Nacional argentina las provincias son dueñas originarias de los recursos minerales dentro de su jurisdicción, incluido el litio", pero deja libre al Estado federal para intervenir a través del Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras, pasibles de ser modificados en el Congreso.
"Existen importantes razones por las cuales Argentina debería estatizar el litio", sostuvo el Centro, que remarcó que "el país tiene la segunda principal reserva mundial de litio (20 millones de toneladas), el equivalente a 20,4 % del total" y es el cuarto productor mundial del mineral luego de Australia, Chile y China.
Pero por el esquema tributario vigente, con "leyes muy favorables a la empresa privada", el Estado percibió entre 2010 y 2020 recursos de entre el 10 % y el 28 % de las rentas totales generadas por la actividad.
"Es decir, que las empresas privadas se apropiaron del 72 % al 90 % de las rentas", indicó, para comparar la situación con Chile, donde "el Estado se apropia del 36 % de la renta a través de una empresa pública".
Celag consideró que esa baja participación obedece a "una subdeclaración de exportaciones, uso de Precios de Transferencia para ocultar ingresos, baja tasa impositiva, uso de mecanismos de elusión fiscal y generosos incentivos tributarios en modo de exenciones".
En ese sentido, advirtió que "la minería en Argentina tiene tipos impositivos nominales y efectivos muy bajos", y que "la regalía nominal de 3 % es pequeña, pero queda absolutamente diluida porque el gravamen aplica sobre el valor de boca de mina descontando los costos".
Como las empresas "declaran abultados costos" y "reducen el valor de boca de mina", el tipo efectivo de tributación "no llega ni a la mitad de la tarifa nominal legal", cuestionó.
Entre las opciones para aumentar la participación estatal propuso "reformar el Código de Minería", con la posibilidad de establecer una categoría diferenciada para el litio por su carácter estratégico, o bien permitirle al Estado explotar el recurso en caso de encontrarlo, algo vedado en la actualidad.
Otra opción es que Y-TEC compre "toda la producción a las provincias, igualando e incluso mejorando los precios actuales a los que venden", lo que "provocaría una estatización de facto", en tanto la empresa "se quedaría con todo el litio argentino, y luego podría decidir qué hacer considerándolo un recurso estratégico nacional".
Mientras tanto, planteó, "se debe llevar a cabo una reforma fiscal para aumentar la participación del Estado en las rentas generadas por esta actividad".
Esa reforma consistiría en "suprimir las reglas de estabilidad fiscal para las próximas concesiones", en el convencimiento de que "las empresas llegan al litio por la rentabilidad, no por la estabilidad fiscal", y aumentar las regalías del 3% actual a un rango del 12% al 18%, "más similar a la de otros sectores".
También se incluye una sobretasa del 15% al impuesto sobre la renta vigente y, además, un IVA diferenciado para las compras que realizan las empresas mineras, sin derecho a devolución.
"Con estas modificaciones, la recaudación ascendería a 123 millones de dólares (76% más), llegando en 2030 a los US$ 370 millones.
Pero si "el boom de precios fuera sostenido", la recaudación "podría llegar a alcanzar los 4.414,3 millones de dólares en 2030", finalizó.
