La minera Vicuña Corp., integrada por BHP y Lundin Mining, quiere abastecer con agua desalinizada al proyecto en San Juan. La propuesta podría garantizar suministro hídrico sustentable para una operación cuprífera de gran escala.
Argentina15/08/2025
La escasez de agua en la Cordillera sanjuanina obliga a las mineras a replantear sus estrategias de abastecimiento. Vicuña Corp., consorcio conformado por BHP y Lundin Mining, anunció que planea utilizar agua desalinizada del océano Pacífico para su proyecto Josemaría, en San Juan. La idea, incorporada en la actualización ambiental de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada en julio, supone un giro estratégico y se apoya en el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile.
Josemaría forma parte del proyecto Vicuña, que incluye también el yacimiento Filo del Sol, con parte de sus reservas en la III Región de Chile. Esta ubicación fronteriza permite a la compañía ampararse en protocolos del tratado binacional, que desde 2000 regula las operaciones transfronterizas. Lundin ya anticipó que quiere ser pionera en su aplicación para transporte de agua desalinizada, aprovechando su infraestructura en Chile.
En efecto, Lundin opera desde 2013 la planta desalinizadora de la mina Candelaria, en Caldera, Chile, con capacidad de 500 litros por segundo y una red de 108 km de acueductos y líneas eléctricas. Esta experiencia logística es clave para pensar en una extensión del sistema hacia el yacimiento argentino.
La topografía complica el diseño: desde los 650 msnm en Caldera hasta más de 4.200 msnm en Josemaría, con tramos intermedios en faenas a 3.900-4.600 msnm. El bombeo en altura, en condiciones extremas, eleva los requerimientos energéticos y de mantenimiento, y encarece la operación.
Un obstáculo crítico será la obtención de permisos de servidumbre en Chile. El acueducto debe atravesar terrenos privados, requiriendo acuerdos con múltiples propietarios. Además, el uso del agua en un proyecto argentino podría generar resistencia política y social en Chile, sobre todo porque la salmuera del proceso quedaría en su litoral y el agua dulce se exportaría.
Chile enfrenta su propio estrés hídrico: el 70% de su población vive en zonas con déficit de agua, según el Senado de ese país. A esto se suma el debate ambiental por el impacto de las desalinizadoras en ecosistemas marinos. Hoy, el 85% de las 24 plantas operativas abastecen a la minería, y hay más de 17 en carpeta.
Pese a las dificultades, el proyecto es visto en San Juan como una alternativa viable y estratégica. Sustituir el uso de fuentes locales por agua desalinizada importada preservaría las reservas hídricas provinciales y daría sustentabilidad a una explotación cuprífera de gran escala.
Chile, por su parte, ya definió que en un plazo de cinco años toda la minería deberá operar con agua de mar desalinizada. Esta medida podría alinear intereses y permitir una inversión de infraestructura con beneficios en ambos lados de la cordillera.
El desafío, en definitiva, no es sólo técnico, sino de coordinación política binacional. Si Vicuña logra sortear las servidumbres, las diferencias regulatorias y la sensibilidad social en Chile, el proyecto podría convertirse en un caso testigo de cooperación hídrica para la gran minería de cobre en la región.
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