Salta Mining
Con la entrada en vigencia del Decreto 007/2024, el Ministerio de Minería de San Juan dio un paso clave hacia la democratización del acceso a la información ambiental y la participación activa de la ciudadanía en los procesos mineros. La nueva normativa establece que toda evaluación ambiental deberá incorporar obligatoriamente instancias de consulta pública antes de aprobar un Informe de Impacto Ambiental (IIA).
Este cambio normativo busca ordenar y actualizar el marco legal vigente en la provincia, garantizando que cualquier persona pueda acceder libremente a la información ambiental sin necesidad de justificar un interés particular. Además, otorga a la comunidad la posibilidad de presentar observaciones que deben ser respondidas y consideradas en la decisión final.
Según la reglamentación, cuando una compañía minera presenta su IIA, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero debe ponerlo a disposición de la población por un plazo específico que varía según el tamaño del emprendimiento: 5 días hábiles para proyectos pequeños, 10 para medianos y 20 para grandes.
Durante ese período, los ciudadanos registrados pueden revisar el documento, hacer consultas, formular objeciones o aportar recomendaciones. Estos aportes, lejos de ser simbólicos, forman parte del expediente y deben ser contemplados en el dictamen que antecede a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El decreto fija un procedimiento claro para garantizar la transparencia:
1-Acceso público garantizado: cualquier persona puede solicitar la información ambiental vinculada a los proyectos sin necesidad de exponer razones.
2-Consulta obligatoria: el IIA debe ser puesto a disposición para observaciones ciudadanas antes de tomar decisiones.
3-Respuestas a la comunidad: las presentaciones realizadas en tiempo y forma deben ser respondidas y consideradas por los responsables de los proyectos.
4-Registro de participación: se documenta la identidad de las personas que acceden al expediente, asegurando trazabilidad en el proceso.
Además, la normativa incorpora principios de sustentabilidad, responsabilidad ambiental e interdisciplinariedad, en sintonía con legislación nacional y compromisos internacionales. Entre ellos, se destaca el Acuerdo de Escazú, que reconoce el derecho de las personas a participar en decisiones que afectan su entorno inmediato.
De esta manera, San Juan refuerza un modelo de minería con mayor apertura, diálogo y control social, consolidando instancias que vinculan a la comunidad con el futuro de los proyectos que se desarrollan en su territorio.
