El clima de tensión entre los gobernadores y el Gobierno nacional se intensifica. El motivo central: la falta de transferencia de fondos para obras públicas y el abandono de infraestructura clave, especialmente en rutas nacionales. La situación ya derivó en reclamos públicos y acciones concretas de varios mandatarios provinciales que acusan a la administración nacional de tener una mirada “unitaria” y de relegar al interior profundo.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro lanzó una fuerte señal política: ordenó señalizar los tramos de rutas nacionales con carteles de fondo rojo y letras blancas donde se lee: “Aquí empieza la ruta nacional mantenida por el Estado Nacional”. La medida, que apunta a evidenciar ante los ciudadanos la diferencia entre las rutas provinciales que sí son mantenidas y las nacionales que permanecen abandonadas, expuso el creciente malestar con el gobierno central.
“Las rutas nacionales están colapsando por falta de mantenimiento. Es una vergüenza que no podemos tolerar más. Hemos aportado hasta asfalto para bachear, mientras la Nación cobra impuestos, pero no invierte en las rutas que esos mismos camiones destruyen”, sostuvo Pullaro en declaraciones a medios santafesinos. Según datos oficiales, al menos 60 personas murieron en lo que va del año en accidentes ocurridos en tramos de rutas nacionales en esa provincia.
Desde el norte del país, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también expuso su preocupación, en especial por la crítica situación de la ruta nacional 34, uno de los principales corredores productivos de la región. En declaraciones a La Nación+, Sáenz aseguró: “La falta de recursos compromete seriamente el mantenimiento de las rutas nacionales. La ruta 34 está en un estado lamentable. Es un peligro para los salteños y para todos los que transitan el norte”.
El mandatario recordó que ya en julio de 2024 había denunciado públicamente el abandono de la ruta que conecta Metán con Rosario de la Frontera. “Están cobrando peaje para que la gente se mate”, había dicho entonces, en referencia a los accidentes y la falta de obras de reparación. Un año después, la situación sigue sin cambios: los baches, los desmoronamientos y la falta de señalización son moneda corriente.
Sáenz llamó a sus pares provinciales a promover un “diálogo real” con el Gobierno nacional para exigir una distribución equitativa de los fondos públicos, con una agenda federal que priorice la seguridad vial y el desarrollo productivo de las regiones alejadas de Buenos Aires.
El reclamo de los gobernadores pone en el centro del debate la política de obra pública del gobierno nacional, que desde principios de año suspendió gran parte de los convenios firmados con las provincias, bajo el argumento de un recorte del gasto público. Sin embargo, los mandatarios aseguran que este ajuste golpea de manera desigual al interior del país, donde la falta de mantenimiento de rutas y obras paralizadas afecta no solo la conectividad, sino también la producción, el turismo y la seguridad.
El malestar crece y, si no hay respuestas en las próximas semanas, algunos gobernadores ya evalúan recurrir a la Corte Suprema para reclamar la descentralización de la administración de rutas nacionales, con fondos específicos, o incluso avanzar en convenios de traspaso para poder intervenir directamente en las obras.
La ruta 34 en Salta es un caso testigo de un conflicto que parece lejos de resolverse y que pone en juego no solo la economía regional, sino también vidas humanas.
