Salta Mining
En el marco de los encuentros organizados por la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, representantes de comunidades originarias de la Puna expusieron preocupaciones centrales relacionadas con la industria minera: la escasa inclusión de mano de obra local, la falta de capacitación calificada y la necesidad de aplicar controles más rigurosos.
Durante la jornada, la comunidad Coya de Tolar Grande tuvo una participación destacada, representada por su cacique Mario Alancay, quien expresó que es urgente garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la contratación de personal y proveedores locales.
“Hoy las capacitaciones que brindan las empresas son muy básicas, no como las de las escuelas de oficios”, remarcó Alancay, al tiempo que denunció maniobras para simular contrataciones locales mediante el cambio de domicilio de personas que no residen en Tolar Grande. Según detalló, aunque el padrón supera las 600 personas, la población real del pueblo no llega a 280, lo que genera un uso indebido de los beneficios que deberían llegar a los verdaderos habitantes originarios.
La Comisión, encabezada por el senador Miguel Calabró e integrada por Leopoldo Salva, Gustavo Carrizo y Gonzalo Caro Dávalos, escucha en estos encuentros las demandas de distintos sectores vinculados a la minería. En ese sentido, Salva explicó que el objetivo es recorrer los proyectos, dialogar con empresarios, proveedores y comunidades, y construir políticas públicas que aseguren una distribución equitativa de los beneficios de la actividad extractiva.
En la apertura el senador Salva sostuvo que la Comisión se encuentra abocada a recabar información de todos los sectores, con una agenda de recorridos por cada proyecto, encuentros con proveedores, empresarios, funcionarios y también recabando la opinión de la gente, en particular de los habitantes de la Puna, con el fin de conocer todas las realidades y plantear las políticas que resulten necesarias para que los beneficios de la actividad lleguen a todos..
Uno de los puntos que generó mayor coincidencia fue la necesidad de ofrecer capacitaciones que habiliten a los trabajadores puneños a desempeñarse en empleos calificados y no solo durante la etapa de construcción de los proyectos, donde predominan tareas como albañilería o soldadura. Al concluir esa fase, la mayoría es desvinculada, denunció Alancay.
El referente originario también señaló que la comunidad ha desarrollado una red de proveedores con potencial para integrarse a los proyectos, pero que requiere condiciones claras y apoyo institucional para formar uniones transitorias de empresas (UTES) que les permitan competir en igualdad de condiciones.
En consonancia, el senador Calabró sostuvo que es necesario revisar y mejorar la Ley de Promoción Minera, planteando que se deben incluir requisitos como años mínimos de residencia para acceder a beneficios o contrataciones. Además, subrayó que las sanciones a las empresas por incumplimientos no deben limitarse a lo económico, sino que deben contemplar otras herramientas correctivas.
“La idea del Ejecutivo y del Senado es acompañar a la minería, pero las empresas deben ser sustentables, respetar a la gente y dejar un plus para que el desarrollo local prosiga dentro de 40 años cuando concluyan sus operaciones”, aseguró Calabró.
Uno de los anuncios destacados en la reunión fue la próxima construcción de un centro de fiscalización minera en el cruce de la RN51 y la RP27, que estará a cargo de diversas áreas gubernamentales como Minería, Trabajo, Recursos Hídricos y Medio Ambiente. Este punto fue valorado por las comunidades como un paso hacia un control más efectivo y transparente de la actividad.
Por su parte, el senador Carrizo coincidió en que la formación debe realizarse en el lugar y en vínculo con la permanencia territorial de los pobladores. Anticipó que en próximas reuniones se incorporarán referentes de la Sindicatura y del Ministerio de Seguridad para continuar profundizando en el eje del control.
