Martín Rodríguez
Los gobernadores del NOA saben que sin una mesa en la que participen Nación, las provincias y las empresas, cualquier proyecto de reconstrucción de la conectividad arrasada por los temporales en la Puna es prácticamente imposible.
También les preocupa la falta de un plan nacional de infraestructura. Tienen bien en claro que la política del Gobierno central es no invertir en obras públicas, algo que busca suplir con fomentos. Por eso piden, al menos, tener en claro este último punto para contar con alguna certeza sobre cómo enfrentar una problemática que atenta directamente contra el desarrollo de la industria en la región y, por ende, contra las aspiraciones locales de generar empleo, dinamizar la economía y crecer.
Durante la reciente reunión de la Mesa del Litio en Salta, de la que participaron Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y el jujeño Carlos Sadir, se manifestó una preocupación generalizada por el profundo deterioro de las rutas que conectan los yacimientos de la Puna con el resto del país. La temporada de lluvias fue devastadora y, ante la falta de inversión en infraestructura, las condiciones de los caminos han empeorado aún más.
Sáenz fue contundente en su pedido al Gobierno nacional: “Queremos pedirle que nos ayude un poquito con las rutas y a las mineras también, porque la verdad es que no están en condiciones y cada vez están peores”. Sus palabras resumen una problemática que no puede ser ignorada: sin una infraestructura vial sólida, la minería del NOA no puede prosperar.
La falta de un plan nacional de infraestructura es una omisión preocupante en un país que aspira a ser un actor relevante en la extracción y exportación de minerales, en un contexto global favorable.
Mientras el Gobierno central insiste en una política de no inversión en obras públicas, las provincias intentan, con recursos limitados, sostener una actividad que requiere un esfuerzo conjunto.
El diputado nacional Pablo Outes, en la Comisión de Minería de la Cámara baja, resaltó la necesidad de un plan integral de infraestructura minera que establezca cómo se distribuirán los recursos disponibles. Apuntó que, si la Nación no aporta fondos directos, al menos debe definir qué tipo de incentivos o mecanismos de financiamiento se implementarán para que la industria no quede a la deriva.
El planteo de los mandatarios y los legisladores es claro: es necesario coordinar esfuerzos entre Nación, provincias y empresas para diseñar un plan único de infraestructura. No hacerlo implica seguir con la actual desorganización, donde cada actor busca soluciones por su cuenta sin una visión articulada.
La minería es una actividad clave para el desarrollo del NOA. Su continuidad depende de decisiones políticas que prioricen la inversión en infraestructura. Si el Gobierno nacional elige mantenerse al margen, condena a la región a perder una de sus mayores oportunidades de crecimiento. Es hora de que se tomen decisiones concretas antes de que la crisis vial termine sepultando el potencial minero del norte argentino.
