La nueva normativa incorpora criterios de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible en la actividad minera.
El código incluye la modernización de los procedimientos e involucra activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación en todo el proceso.
La iniciativa abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras) y sigue el ejemplo de los más altos estándares internacionales.
Se crea a partir de ahora el Consejo de Minería que “atenderá contra las resoluciones apelables y que cause gravamen irreparable emanado de la Dirección de Minería. Además, tendrá funciones de órgano consultivo cuando la Dirección lo requiera. El Poder Ejecutivo entenderá, en última instancia”.
La nueva ley estable que la Dirección de Minería controlará la actividad.
En el Título XIII, establece la Policía Minera y su régimen sancionatorio. “La Autoridad Minera ejercerá el poder de Policía Minera por intermedio de los inspectores provinciales que al efecto se designen”, señala en el Artículo 200 y en los posteriores, agrega que las funciones de la Policía Minera son “inspeccionar y vigilar los trabajos subterráneos y superficiales y los elementos, equipos, maquinarias y plantas de beneficio que tengan por objeto la exploración, explotación, procesamiento, comercialización, transporte de minerales y sustancias pétreas y toda otra actividad”, entre otros como comprobar los trabajos que se realicen y certificar los datos.
Algo para destacar, es que “los inspectores tendrán libre acceso a todos los trabajos, laboreos mineros e instalaciones que tengan por objeto la exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales y pétreas”.
La autoridad minera podrá dictar sanciones a quienes no cumplan con la ley hasta llegar a suspender a las empresas si se repiten las infracciones.
M&D / medios mendocinos.
