Los representantes enfatizaron en la importancia de que el próximo equipo que suceda a Royón mantenga una visión federal y continúe promoviendo la apertura y el diálogo.
Argentina14/02/2024
Salta Mining
Durante el mes y medio que Flavia Royón estuvo al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, se ha destacado por un enfoque basado en el diálogo y el reconocimiento hacia las provincias mineras y sus proveedores locales, que no solo impulsan la economía local, sino que también contribuyen al desarrollo nacional.
Su compromiso con el desarrollo de la minería en Argentina se vio reflejado en su apuesta por convertirla en una política de Estado, independiente de las coyunturas políticas y los contextos momentáneos. Esta visión estratégica reconoce la importancia de brindar previsibilidad, orden, reconocimiento y reciprocidad a todos los actores involucrados en la industria minera, desde las provincias hasta los trabajadores y proveedores locales.
Finalmente, el presidente Javier Milei le solicitó viernes 9 de febrero, la renuncia a la titular de la Secretaría de Minería, Flavia Royón. En el comunicado oficial enviado por presidencia también se le solicitó la renuncia a Osvaldo Giordano, director del Anses. Royón fue heredada de la gestión de Alberto Fernández, ya que durante el gobierno anterior ocupó la Secretaría de Energía.
Royón, ya había integrado el gabinete del gobernador de Salta y se había sumado al gobierno de Fernández por pedido del ex ministro del Economía, Sergio Massa. Milei la mantuvo cuando asumió.
En este sentido, los representantes de las Cámaras y Asociaciones de Proveedores Mineros de Provincias Productoras (Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz) enviaron un comunicado en apoyo a la exsecretaria de Minería y enfatizando en la importancia de que el próximo equipo que suceda a Royón mantenga una visión federal y continúe promoviendo la apertura y el diálogo como pilares fundamentales para consolidar una política de Estado en relación con la minería, que trascienda los límites temporales de los gobiernos y asegure un desarrollo sostenible y equitativo de esta actividad clave para el país.
A continuación reproducimos el comunicado:
La Mesa Federal de Proveedores Mineros, que agrupa a proveedores de provincias productoras, (Jujuy; Salta; Catamarca; San Juan y Santa Cruz) desea expresar:
La gestión de la Ing. Flavia Royón como secretaria de Minería de la Nación inició con un gran gesto hacia las provincias productoras mineras, y a su cadena de valor: El diálogo.
Esta acción de reconocimiento a cada una de las empresas proveedoras locales, generadoras de empleo y motorizadoras de las economías regionales, anticipó la continuidad de una gestión con la mirada dirigida hacia el interior profundo de nuestro país, de carácter federal, que asignó un importante rol en la mesa minera nacional a las voces de las provincias donde la industria minera se desarrolla desde hace tiempo, y aporta riqueza a nuestro país y al gobierno nacional.
Consideramos que el desarrollo de la Minería Argentina, por lo que actualmente genera y por su enorme potencial, debe ser tomada como una política de Estado, que trascienda a las coyunturas políticas y a los contextos momentáneos.
Desde hace varios años, las voces que se elevan desde cada proyecto u operación minera, sus trabajadores y su cadena de proveedores locales apuntan a que la minería no puede ni debe ser rehén de la política.
Se trata de plantear la necesidad imperiosa de previsibilidad, orden, reconocimiento y reciprocidad. Por mandato constitucional, las provincias son las dueñas de sus recursos. La Secretaría de Minería de la Nación tiene el importante rol de apoyar y acompañar a las provincias en la búsqueda y facilitación de inversiones, entre otros aspectos destacados.
Es por ello que los referentes de las Cámaras y Asociaciones de Proveedores Mineros de Provincias Productoras (Jujuy; Salta; Catamarca; San Juan y Santa Cruz) esperamos que el equipo que reemplace a la Ing. Royón tenga la misma visión federal, y continúe con las acciones de apertura y diálogo, para forjar una política de estado en relación a la minería que trascienda a los gobiernos.
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