Salta Mining
Mientras el precio del cobre alcanza niveles históricos —rozando los US$ 11.850 la tonelada y con expectativas de llegar a US$ 12.000 en 2025— Argentina observa desde la tribuna una carrera global que podría marcar el desarrollo económico de las próximas décadas. Se trata del "metal rojo", un insumo clave para la transición energética, la electromovilidad y la modernización de redes eléctricas, especialmente en economías como Estados Unidos, China y la Unión Europea.
En este contexto, Chile —vecino y líder indiscutido del cobre— exportó durante 2024 más de US$ 50.800 millones en este recurso, lo que representa casi dos tercios de sus exportaciones totales. ¿Y Argentina? Literalmente no exportó ni un dólar en cobre.
Desde el cierre de Bajo de la Alumbrera en 2018, el país no produce cobre, a pesar de tener uno de los mayores potenciales sin desarrollar del continente.
Las razones son múltiples, aunque ninguna irreversible. Por un lado, la falta de tradición minera juega un rol central. A diferencia de Chile, Bolivia o Perú, Argentina apostó históricamente a la ganadería y al agro como motores de su economía, dejando a la minería en un rol secundario, sin políticas claras ni infraestructura adecuada.
A esto se suma el hecho de que el país está muy poco explorado geológicamente. La falta de información confiable implica que el desarrollo de proyectos lleva décadas y eleva el riesgo para los inversores. Como si fuera poco, la actividad minera sigue cargando con una “mala fama” asociada a los impactos ambientales y conflictos sociales, a pesar de que hoy existe consenso político respecto a que la minería puede ser una fuente genuina de empleo, divisas y desarrollo regional.
Pero quizás la principal traba sea económica: los altos costos iniciales. Poner en marcha un proyecto cuprífero de clase mundial requiere inversiones de entre US$ 4.000 y 5.000 millones, un nivel de capital que difícilmente llegue sin garantías de estabilidad jurídica, fiscal y cambiaria.
En este contexto, el Gobierno apuesta al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que promete cambiar las reglas de juego. El RIGI ofrece garantías de estabilidad por 30 años para proyectos de más de US$ 200 millones, buscando justamente atraer esos capitales ausentes desde hace más de dos décadas.
De los once proyectos presentados hasta ahora bajo el RIGI, cinco pertenecen al sector minero. Solo uno es de cobre: "Los Azules", de la empresa McEwen Copper Inc., que proyecta una inversión inicial de US$ 227 millones en San Juan, con la expectativa de comenzar a producir a partir de 2029.
Pero Los Azules no está solo. Según datos oficiales, Argentina cuenta hoy con 23 proyectos avanzados de cobre, de los cuales al menos ocho tienen chances concretas de desarrollo en el corto o mediano plazo: entre ellos, El Pachón, Josemaría, Taca Taca, Filo del Sol, San Jorge, Altar y MARA.
Las proyecciones son elocuentes: si se concretaran solo cinco de estos proyectos, los ingresos para el país podrían superar los US$ 47.000 millones entre 2026 y 2040. Un impacto equivalente a más de medio año de exportaciones argentinas actuales.
Argentina enfrenta una disyuntiva histórica. El mundo demanda cobre como nunca antes, y su precio —impulsado por las tensiones geopolíticas, los aranceles globales y el recambio energético— lo convierte en uno de los metales más codiciados del planeta.
Tenemos los recursos, los proyectos y ahora, quizás, las herramientas legales. Lo que falta es la decisión política de avanzar con velocidad, previsibilidad y consenso social. El RIGI podría ser el punto de partida para recuperar el tiempo perdido, atraer inversiones y posicionar a la Argentina en el mapa mundial del "metal rojo".
Porque esta vez, la oportunidad está servida en bandeja. Solo falta saber si nos animamos a aprovecharla.
Con datos El Economista
