Salta Mining
Durante décadas, la red ferroviaria del norte argentino fue perdiendo capacidad, protagonismo y competitividad mientras el transporte de cargas se volcaba, casi de manera exclusiva, a las rutas. Hoy, cuando la minería vuelve a colocar a la Puna y al NOA en el centro de las inversiones estratégicas del país, el ferrocarril reaparece como una necesidad que ya no admite demasiadas postergaciones.
La futura concesión del Belgrano Cargas por 50 años debe analizarse, entonces, desde una perspectiva más amplia que la discusión sobre la privatización y apunta a si el nuevo esquema será capaz de recuperar una infraestructura, que puede definir buena parte de la competitividad económica del norte durante las próximas décadas. Para Salta, esa discusión tiene un nombre concreto, el ramal C-14.
La expansión del litio y del cobre, está modificando la escala de las necesidades logísticas. Los nuevos proyectos requieren movilizar grandes volúmenes de insumos, maquinaria y producción en territorios donde la infraestructura vial presenta limitaciones evidentes.
Las rutas nacionales y provinciales que conectan los principales centros urbanos con la Puna enfrentan un crecimiento sostenido del tránsito pesado y aparecen los costos, el deterioro de las calzadas, las distancias y las dificultades propias de atravesar territorios de montaña. En ese contexto, pensar que el crecimiento minero puede sostenerse exclusivamente sobre ruedas resulta, como mínimo, insuficiente.
El ferrocarril vuelve a aparecer como parte de la solución. El C-14 conecta Salta con San Antonio de los Cobres, Salar de Pocitos y Socompa, un corredor que además abre una posibilidad estratégica hacia Chile y los puertos del Pacífico. Sin dudas, representa una alternativa logística para una región que necesita competir en mercados internacionales.
Los estudios oficiales proyectan para este corredor una capacidad superior a las 400.000 toneladas anuales en función del crecimiento esperado de la actividad minera. La cifra permite dimensionar el desafío. La minería está avanzando a una velocidad que la infraestructura todavía no logró acompañar.
El Gobierno nacional diseñó un esquema de concesión de largo plazo. Cincuenta años ofrecen, en teoría, un horizonte suficiente para planificar inversiones y desarrollar un negocio ferroviario. Pero el plazo del contrato no garantiza automáticamente la recuperación de la infraestructura.
Ese será uno de los puntos centrales que deberán observar las provincias y los sectores productivos del norte. Las deficiencias históricas requieren de un programa de inversiones concreto, metas de recuperación y capacidad para responder al crecimiento de la demanda. Porque recuperar vías sin pensar en los proyectos que comenzarán a producir dentro de cinco o diez años podría significar volver a llegar tarde.
La otra dimensión de esta discusión está relacionada con el ambiente. El futuro concesionario tendrá la responsabilidad de modernizar una infraestructura ferroviaria que atraviesa algunos de los territorios más complejos y sensibles del norte argentino, y esa modernización no estará exenta de controles.
Las obras capaces de generar impactos significativos deberán atravesar evaluaciones ambientales. Nuevas terminales, modificaciones importantes de infraestructura, playas ferroviarias o accesos deberán cumplir con las exigencias correspondientes.
Es así que, la recuperación del Belgrano Cargas deberá contemplar la geografía, los ecosistemas y las particularidades de cada territorio.
El C-14 atraviesa una de las geografías más complejas de la Argentina. La Quebrada del Toro y la Puna presentan condiciones que obligan a pensar la infraestructura ferroviaria con una mirada diferente. Movimientos en masa, caídas de bloques, drenajes, terraplenes, puentes y condiciones climáticas extremas forman parte de una realidad que no puede resolverse simplemente con una reparación convencional.
La recuperación de la traza exigirá conocimiento técnico, estudios geológicos y planificación.
La nueva etapa deberá establecer con claridad en qué condiciones son entregadas las instalaciones existentes y cuáles son las responsabilidades sobre posibles pasivos preexistentes. Este punto puede parecer técnico, pero tiene una enorme importancia económica y jurídica.
Determinar el estado de las instalaciones es fundamental para evitar que los pasivos del pasado se conviertan en conflictos del futuro. A partir de allí, quien opere deberá prevenir nuevos daños y responder por las consecuencias de sus actividades.
