Salta Mining
La actualización de la Ley de Inversiones Mineras incorpora trámites digitales para recuperar el IVA, simplifica las importaciones y establece plazos administrativos definidos. El sector busca elevar de US$ 400 millones a más de US$ 1.000 millones anuales los fondos destinados a la exploración en Argentina.
El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) destacó la actualización reglamentaria de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, que introduce cambios administrativos y fiscales orientados a mejorar la previsibilidad y agilizar el financiamiento de los proyectos de exploración.
El nuevo marco reúne ocho disposiciones aprobadas entre julio de 2025 y octubre de 2026 por el Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría de Minería y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las modificaciones mantienen los beneficios promocionales de la ley y actualizan los procedimientos para acceder a ellos.
Uno de los principales cambios es la digitalización del recupero del IVA correspondiente a las tareas exploratorias. El trámite, que se realizaba mediante expedientes en papel desde 2004, pasará al Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA y a la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
La medida apunta a liberar recursos que las empresas mantienen inmovilizados por gastos en estudios geológicos, perforaciones, ensayos y servicios especializados. Además, elimina la obligación de presentar un aviso previo al inicio de los trabajos y establece plazos máximos de 30 días hábiles para la evaluación de la Secretaría de Minería y otros 30 días hábiles para la intervención de ARCA.
En materia de importaciones, la reforma simplifica el acceso a la exención de derechos aduaneros mediante declaraciones juradas digitales en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA), con controles posteriores. También contempla el ingreso de bienes usados o reacondicionados que cuenten con la certificación correspondiente y establece un régimen específico para proveedores mineros según sus niveles de facturación.
Los cambios incluyen, además, la creación del Registro de Inversiones Mineras (RIM), que asignará un código único a cada proyecto y permitirá unificar derechos mineros vinculados por su proximidad, infraestructura o desarrollo operativo.
En el ámbito fiscal, la normativa habilita el Seguro Ambiental Obligatorio como alternativa a la previsión contable y establece plazos para determinar la estabilidad fiscal desde la presentación del estudio de factibilidad. El objetivo es reducir la inmovilización de fondos y brindar mayor certidumbre impositiva a los proyectos que avanzan hacia la etapa de construcción.
El presidente de GEMERA, Michael Meding, sostuvo que la reducción de las demoras administrativas puede contribuir a incrementar los recursos destinados a la búsqueda de nuevos yacimientos.
Según señaló, Argentina destina actualmente unos US$ 400 millones anuales a la exploración minera, mientras que el sector considera necesario superar los US$ 1.000 millones para ampliar la actividad.
Meding advirtió que los fondos retenidos por la burocracia limitan la capacidad de financiar nuevas perforaciones y destacó que contar con procedimientos digitales y plazos definidos permitirá planificar mejor las campañas de trabajo. No obstante, aclaró que la normativa mantiene la espera de doce períodos fiscales prevista para el recupero del IVA.
GEMERA anunció que pondrá a disposición su experiencia técnica para acompañar la implementación del nuevo esquema y facilitar la adaptación de las empresas asociadas a los requisitos administrativos y fiscales.
La transición coincide con la suspensión temporal del sistema de importaciones entre el 13 y el 16 de octubre, previa al lanzamiento del nuevo procedimiento digital anunciado para el 19 de octubre.
