






Gustavo Carrizo: “El desarrollo regional debe formar parte de la matriz operativa de cada proyecto minero”
Salta Mining








La decisión del Gobierno nacional de modificar las reglas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abre un interrogante que va mucho más allá de una gestión administrativa: ¿de qué sirve promover la contratación de proveedores locales si una empresa de capital íntegramente extranjero puede ser considerada local por el solo hecho de constituirse y domiciliarse en Argentina? La eliminación del requisito del 51% de participación de capital local representa un retroceso en uno de los aspectos fundamentales que debería acompañar el crecimiento de la actividad minera: el desarrollo de una verdadera cadena de valor argentina.
No se trata de cuestionar la llegada de inversiones extranjeras o de tratar de impedir que puedan trabajar en proyectos mineros, el empresariado local sabe que en muchos rubros son indispensables para poner en marcha los grandes proyectos de cobre, litio, oro y plata que necesita el país por su capacidad e infraestructura.
Sin embargo, lo que se trata de discutir aquí, es cómo se distribuyen las oportunidades que generan esas inversiones. Una cosa es abrir las puertas al capital internacional para desarrollar la minería y otra muy distinta es permitir que las grandes compañías extranjeras compitan en igualdad de condiciones formales con pequeñas y medianas empresas argentinas por el espacio reservado a los proveedores locales. La diferencia de escala, acceso al financiamiento, tecnología y capacidad económica puede convertir esa competencia en una disputa profundamente desigual.


El cambio también pone en discusión el verdadero alcance del compromiso de contratación nacional previsto en el RIGI. Aunque se mantiene el porcentaje mínimo del 20%, la nueva definición permite que ese requisito se cumpla con empresas de capital extranjero radicadas en el país. El riesgo es que se cumpla formalmente con la normativa sin que necesariamente se fortalezca el entramado empresarial argentino, especialmente en provincias como Salta, donde numerosas firmas llevan años invirtiendo en equipamiento, capacitación, certificaciones y recursos humanos para incorporarse a la industria minera.
La preocupación ya fue expresada por la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA), que cuestionó la modificación y advirtió sobre sus posibles consecuencias para las empresas provinciales. El planteo de su presidente, Federico Russo, advierte que la medida podría reducir las oportunidades de participación de las empresas salteñas en los grandes proyectos de inversión minera.
Sin lugar a dudas, esto obliga a discutir qué lugar ocuparán los proveedores salteños frente a la llegada de inversiones millonarias y qué herramientas deberán utilizarse para garantizar que el crecimiento de la minería también se traduzca en desarrollo económico local.
En este escenario, Salta Mining dialogó con Gustavo Carrizo, secretario de Minería de la Provincia, para conocer la posición del Gobierno salteño frente a los cambios introducidos por Nación, el futuro del compre local y los mecanismos con los que Salta buscará defender la participación de sus empresas en los grandes proyectos mineros.
¿Cómo analiza Salta las últimas modificaciones al RIGI?
Salta siempre va a acompañar las medidas que favorezcan la llegada de inversiones. Necesitamos nuevos proyectos, más producción y más empleo. En ese sentido, el RIGI es una herramienta importante. Ahora bien, también tenemos que mirar qué impacto generan esas inversiones en las provincias donde se desarrollan los proyectos. Siempre digo que la minería crece cuando llegan las inversiones, pero Salta se desarrolla cuando también crecen sus empresas, sus trabajadores y sus comunidades. Y ese es el equilibrio que tenemos que buscar.
¿Qué impacto puede tener esta modificación sobre los proveedores salteños?
Es un tema que nos ocupa. La nueva normativa amplía las posibilidades de participación de empresas de capital extranjero radicadas en el país, y eso plantea una competencia mayor para nuestros proveedores. Tenemos empresas salteñas que vienen haciendo un esfuerzo enorme para capacitarse, invertir y alcanzar los estándares que exige la minería. Pero sabemos que no todas cuentan con las mismas posibilidades de financiamiento, tecnología o escala.
Por eso, nuestra preocupación es que el cumplimiento de un porcentaje de contratación nacional no necesariamente garantice una mayor participación de las economías regionales. No estamos cuestionando de dónde viene el capital. Lo que nos interesa es cuánto empleo, cuánto valor agregado y cuántas oportunidades quedan en Salta.
¿Cuál es la posición de la Provincia frente a las grandes inversiones?
Las inversiones son bienvenidas. Salta las necesita y trabaja todos los días para generar confianza y previsibilidad. Pero también hay algo que tenemos claro: Salta no es solamente el lugar donde están los recursos minerales. Tenemos instituciones, tenemos reglas y tenemos una visión de desarrollo. Las empresas que deciden invertir en nuestra provincia tienen que conocer esa visión. Nosotros vamos a ejercer las competencias que nos corresponden, con responsabilidad y seguridad jurídica. No queremos poner obstáculos. Queremos que los proyectos avancen, que sean competitivos y que nuestros proveedores tengan oportunidades reales de crecer junto a ellos.
Usted insiste en que el desarrollo regional debe formar parte de la operación minera. ¿A qué se refiere? A que tenemos que cambiar la manera de pensar el desarrollo local.
Una empresa minera planifica su producción, sus costos, su logística, su seguridad y su gestión ambiental. Bueno, creemos que el desarrollo regional también tiene que estar dentro de esa planificación. No puede quedar reducido a algunas contrataciones o a determinadas acciones de responsabilidad social.
Estamos hablando de formar trabajadores, desarrollar proveedores, generar infraestructura, incorporar tecnología y construir capacidades que le queden a la provincia. Y esto debe comenzar mucho antes de que un proyecto entre en producción. No queremos que las empresas solamente produzcan en Salta. Queremos que produzcan con Salta.
¿Cuál es el principal desafío que tiene hoy Salta?
Tenemos una oportunidad enorme, pero hay que trabajar para aprovecharla. Contamos con una ley provincial de promoción de proveedores, la 8.164, y tenemos empresas que quieren crecer. Nuestro trabajo es acompañarlas, generar condiciones, anticipar la demanda de los proyectos y acercar herramientas de capacitación y financiamiento.
También necesitamos que las compañías mineras asuman el desarrollo de proveedores como parte de su estrategia de operación. Defender a nuestras empresas no significa cerrar Salta al mundo. Significa prepararlas para competir con el mundo. Al final, el éxito de la minería no se va a medir solamente por las inversiones que lleguen o por cuánto se produzca. También se va a medir por cuántas empresas salteñas crecieron, cuántos trabajadores se formaron y cuántas oportunidades fuimos capaces de generar. Porque de eso se trata: que el crecimiento de la minería se convierta en desarrollo para Salta.


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