El trabajo en minería no se detiene nunca: en los yacimientos metalíferos se trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año. Para que esté siempre funcionando una mina, el régimen de trabajo es continuo y rotativo. Trabajadoras y trabajadores viven en las instalaciones en el territorio del proyecto. Trabajan 14 días, descansan 14 días. El ciclo se repite una y otra vez. A este esquema se lo denomina “roster“.
La cantidad de días que se definen para el trabajo y el descanso depende de diversas variables; como por ejemplo, las distancias existentes entre los yacimientos y las zonas más urbanizadas y también influyen los costos logísticos de movilizar a todo el personal en cada cambio de roster. Una nueva consideración introdujo el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, quien propuso cambiar los diagramas de trabajo minero en la provincia de 14 por 14.
Esto fue dicho por el gobernador Claudio Vidal ante la consulta de periodistas sobre sus planes para fomentar la mano de obra local: “Convocamos a los intendentes de la provincia, presidentes de comisiones de fomento, y fuimos muy claros, precisos y muy puntuales con algo muy, pero muy, sensible en beneficio de nuestro pueblo: va a haber un nuevo diagrama de trabajo que va a ser de 7×7, eso va a permitir que los trabajadores vivan en Santa Cruz y que el salario de esos trabajadores se vuelque en las localidades, en toda nuestra provincia en sí”.
La propuesta primero sorprendió a los referentes de empresas mineras y de los gremios. Santa Cruz Produce tomó contacto con algunos de ellos y, si bien prefirieron no hacer declaraciones, manifestaron preocupación, no tanto por la medida en sí misma, que estiman que será muy complejo que prospere, sino por el desconocimiento de Vidal y de su gestión de la realidad actual y de las problemáticas específicas de las operaciones mineras asentadas en la provincia.
Si bien la producción de oro y de plata, que más de la mitad proviene de Santa Cruz, es la que tiene más peso en las arcas nacionales y sostienen hoy el grueso de los ingresos de divisas del sector, los yacimientos atraviesan una etapa de producción madura, con costos operativos que se van incrementando cada vez más.
Sólo Cerro Negro aspira a una vida útil operativa al menos hasta 2034, mientras que los otros yacimientos activos -Don Nicolás, San José, Manantial Espejo, Cerro Vanguardia y Cerro Moro- están en una fase más madura, tanto es así que prevén cierres antes de que termine la década.
Además, no hay nuevos proyectos de estos tipos que estén cercanos a la decisión de construcción, es decir que puedan pensarse como un empalme con los que están más cerca de su cierre o agotamiento para darle continuidad a la actividad y a todo su entorno productivo.
Esta situación sí que es preocupante y no hay señales de que se esté pensando en acciones para revertir la tendencia. A los 9000 empleos directos que hoy genera la minería en Santa Cruz, con los cierres de mina próximos, no habrá forma de reubicarlos en la provincia. Y sin proyectos en carpeta, al menos para los próximos 6 años está claro que no habrá ningún nuevo inicio, tampoco se sostendrían las empresas de servicios y de proveedores que trabajan para la minería. En promedio, un 85% del personal de la minería en Santa Cruz está compuesto por mano de obra local.
Un cambio en el sistema de roster, a esta altura de la etapa productiva en la que están las minas santacruceñas, implicaría un aumento en los costos operativos difícil de sostener, que llevaría irremediablemente a un cierre anticipado de los yacimientos. Pasar de tener roster de 14 por 14 a un esquema de 7 por 7 directamente duplica los gastos de traslado de personal y consecuentemente achica los números de producción, primero que nada, porque los días de cambio de turno son los días de más baja producción y segundo, porque con costos mayores, los niveles de producción tienden a decaer.
Por otra parte, no se está contemplando que muchos trabajadores podrían no aceptar los cambios y considerarse despedidos con la modificación tan extrema de las condiciones laborales, lo que podría desembocar en la judicialización de procesos de desvinculación. A eso, hay que sumarle que, para algunos puestos específicos, no hay gente preparada para reemplazarlos. Todos escenarios totalmente previsibles que no harían más que complicar a las operaciones que ya de por sí están complicadas.
