El Senado dio un paso que muchos sectores productivos venían reclamando desde hace más de una década: revisar una normativa que, en su redacción actual, se convirtió en un laberinto de interpretaciones que frena inversiones multimillonarias.
Con el dictamen favorable en las comisiones de Minería y Ambiente, el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares se encamina al recinto para el 10 de febrero, marcando un hito en la agenda de sesiones extraordinarias.
El eje de la discusión no es, como simplifican algunas consignas, "minería sí o minería no", sino cómo armonizar la protección del medio ambiente con el legítimo derecho de las provincias a administrar sus recursos naturales. La actual legislación impone una protección genérica que, en la práctica, generó una zona gris sobre el área periglacial, paralizando proyectos en estadios de exploración avanzada solo por dudas interpretativas.
La participación de los gobernadores de San Juan y Catamarca no fue casual. Para provincias donde la minería es el motor del empleo formal -solo en Catamarca se hablan de 3.000 puestos directos y 5.000 indirectos-, la claridad normativa es una cuestión de supervivencia económica. La reforma propuesta permitiría a las jurisdicciones diferenciar entre los cuerpos de hielo que constituyen una reserva hídrica estratégica y aquellos que no cumplen esa función, otorgando facultades a las provincias para decidir sobre su propio territorio.
Como bien señaló el sector empresario a través de CAEM y CAPMIN, la minería moderna no ignora el cambio climático; por el contrario, es la proveedora de los minerales necesarios para la transición energética. Sin embargo, para que esa minería sea "consciente e inteligente", necesita un marco legal que reduzca la incertidumbre y no que actúe como una barrera infranqueable basada en criterios técnicos que a veces exceden lo puramente científico para entrar en lo ideológico.
Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica. El mundo demanda litio, cobre y otros minerales que yacen bajo la Cordillera. Para extraerlos, se necesita responsabilidad ambiental, pero también pragmatismo político.
La reforma debe garantizar que no se ponga en riesgo el agua, pero debe terminar con la parálisis administrativa que afecta a las provincias cordilleranas. El desafío para el próximo 10 de febrero será demostrar que el país puede legislar para el desarrollo sin rifar su futuro ambiental. La seguridad jurídica, tan mentada por los inversores, no solo nace de una ley a favor de la industria, sino de una ley que sea justa, técnica y socialmente aceptada.
