Panamá abre negociaciones con First Quantum para reactivar la mayor mina de cobre de Centroamérica

El Gobierno de José Raúl Mulino iniciará conversaciones con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para analizar la posible reactivación del proyecto Cobre Panamá, cerrado en 2023 tras un fallo judicial y fuertes protestas ambientales. La iniciativa busca recuperar empleos e ingresos.
Mundo17/11/2026Salta MiningSalta Mining
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Panamá dio un paso hacia una posible reactivación de su principal proyecto cuprífero. El presidente José Raúl Mulino anunció el inicio de negociaciones formales con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar un acuerdo que permita retomar la actividad en la mina Cobre Panamá, ubicada en la provincia caribeña de Colón.

El yacimiento, considerado el mayor emprendimiento de cobre a cielo abierto de Centroamérica, fue clausurado en 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión. La decisión llegó después de semanas de protestas que paralizaron gran parte del país, en medio de cuestionamientos por el impacto ambiental de la explotación y las condiciones legales del acuerdo con la empresa.

Al anunciar la decisión, Mulino explicó que el objetivo es encontrar una alternativa que permita recuperar ingresos y puestos de trabajo, al mismo tiempo que se establezcan mecanismos para prevenir daños ambientales.

"Nuestro país necesita empleo, inversión y oportunidades", sostuvo el mandatario, quien aclaró que las conversaciones no implican otorgar una nueva concesión minera, sino explorar una figura jurídica que permita avanzar hacia un acuerdo.

Un proyecto de fuerte impacto económico

El cierre de Cobre Panamá tuvo consecuencias significativas para la economía del país. Según cifras oficiales citadas por el Gobierno, antes de su paralización la mina representaba aproximadamente el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, generaba alrededor de 6.000 empleos directos y unos 30.000 indirectos, por lo que su interrupción afectó a trabajadores, proveedores y distintas actividades vinculadas a la operación minera.

La controversia también derivó en reclamos internacionales. Panamá enfrenta demandas por aproximadamente 27.000 millones de dólares, equivalentes a cerca del 30% de su PIB. Por su parte, First Quantum mantiene paralizado su litigio mientras espera definiciones sobre el futuro del emprendimiento.

El presidente panameño señaló que cualquier entendimiento deberá contemplar los mayores ingresos posibles para el Estado, la generación de miles de empleos y garantías ambientales. También reclamó a la compañía canadiense que ponga fin a los procesos arbitrales contra el país.

La discusión ambiental sigue abierta

La posibilidad de reactivar la mina genera posiciones enfrentadas. Una comisión ministerial presentó recientemente un informe al presidente en el que recomendó retomar las operaciones para realizar un cierre ordenado de las instalaciones.

Mulino sostuvo que la meta de largo plazo es alcanzar un cierre viable, verificable y definitivo, bajo condiciones que permitan controlar los riesgos ambientales y establecer responsabilidades.

Desde el sector minero, el expresidente de la Cámara Minera de Panamá, Roderick Gutiérrez, respaldó la apertura de conversaciones y consideró que una minería responsable puede contribuir a recuperar inversiones y oportunidades laborales.

Sin embargo, las organizaciones ambientalistas y movimientos campesinos mantienen su rechazo. Leysi Rodríguez, representante de uno de esos espacios, cuestionó el anuncio y ratificó que su posición es el cierre total del emprendimiento por los daños ecológicos que, sostienen, provoca la actividad.

El proceso se desarrollará, además, en un escenario particular: desde 2023 Panamá cuenta con una ley que prohíbe otorgar nuevas concesiones mineras.

De esta manera, las negociaciones con First Quantum abren una nueva etapa en el debate sobre el futuro de Cobre Panamá, donde el desafío del Gobierno será encontrar una salida jurídica y económica que contemple el empleo y la inversión, sin dejar de lado los cuestionamientos ambientales que llevaron al cierre de la mina.

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