Martín Rodríguez
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 5 de noviembre que el Juzgado de Minas de Salta seguirá a cargo de la disputa entre Lithium S Corporation y Marhen Lithium. La causa llegó al máximo tribunal después de que tanto el juzgado salteño como el de Belén, en Catamarca, se declararan competentes. Para el abogado Gonzalo Castañeda Nordmann, el dato decisivo fue que la Justicia salteña había intervenido primero.
Castañeda Nordmann, especialista en derecho minero y ambiental, al inicio de la charla con Salta Mining, comparó la disputa con el caso de Sal de Oro, el proyecto de litio de POSCO para el que ambas provincias firmaron un acuerdo de cooperación en el Salar del Hombre Muerto.
“Esto empezó hace unos años dónde hay un conflicto de límites que todos conocemos, pero a diferencia de POSCO y otros proyectos que se hicieron acuerdos interprovinciales para destrabar conflictos, el caso de POSCO podría ser un poco más sencillo porque POSCO tenía las propiedades tanto del lado catamarqueño como del lado salteño. El caso acá se da distinto porque del lado catamarqueño y salteño sobre la misma superficie habían concesiones distintas y de distintas empresas. Del lado salteño estaba Litium S. Corporation, que tenía una propiedad minera, por lo que leí en el fallo o en el dictamen del fiscal, y del lado catamarqueño habían unas propiedades mineras en nombre de otra empresa que es Marhen Lithium”, explicó el abogado.
El expediente se inició cuando Lithium S Corporation, que se presentó como concesionaria de la mina Tabariogrande, denunció que Marhen Lithium realizaba perforaciones dentro del área que reclamaba como propia. El Juzgado de Minas de Salta ordenó suspender los trabajos y retirar equipos e instalaciones. Marhen, por su parte, invocó derechos sobre las minas Tati, Tati I y Tati II y permisos otorgados en Catamarca, y pidió que la causa tramitara en esa provincia.
"Sucede que el Juzgado de Minas de Salta, se declara competente para conocer en esa zona y lo mismo hace el juzgado catamarqueño. Entonces hay dos jueces que dicen, esta propiedad es de Salta, y esta propiedad es de Catamarca. Al haber un conflicto jurisdiccional entre dos jurisdicciones que se arrogan la competencia sobre una propiedad minera, una de cada lado, la cuestión deriva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió en un fallo adoptar el criterio del fiscal. Básicamente lo que dice la Corte es que se adopte ese criterio y resuelve a favor de que la jurisdicción minera sea en cabeza del Juzgado de Minas de Salta y por lo tanto favorece a la jurisdicción de Salta, a la soberanía de Salta y directamente también a la empresa que es concesionaria", destacó el abogado.
"Entonces ahora lo que tiene que suceder es que el juzgado de Catamarca, que lleva la procuración y el amparo minero de esas minas de Catamarca, tiene que inhibirse, tiene que dejar de seguir esas actuaciones porque va a ser el juez competente el de Salta. Acá no se resuelve el tema de conflictos limítrofes de fondo porque los límites los establece el Congreso de la Nación, porque así lo dice la Constitución Nacional, pero lo que sí establece la Corte es que la concesión minera, el trámite de concesión va a seguir en manos de Salta", explicó Gonzalo Castañeda Nordmann.
La Corte adoptó el dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti y dispuso que el expediente continuara en la jurisdicción que previno, es decir, la que intervino primero. En este caso, esa actuación correspondió al Juzgado de Minas de Salta, que recibió el pedido de Lithium S.
“Y esto es importante porque hay un término ahí en el dictamen que dice que Salta previno antes. El término ese previno ya se utilizó en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 85 y del año 87, lo que es Grupo Mineros Diablillos y Grupo Mineros Tincalayu. De hecho vos fijate que Tincalayu y Diablillos son proyectos que están en la zona de conflicto limítrofe, pero están tranquilos y tributan en Salta y no hay discusión de que son salteños 100%, porque la Corte ya lo dijo así y utilizó el mismo término, el mismo criterio de decir que Salta previno primero.”, señaló Castañeda Nordmann.
El abogado identificó esos antecedentes con los grupos mineros Diablillos y Tincalayu. Al explicar la importancia que le asigna al orden en que intervino cada jurisdicción, resumió su lectura del caso con una fórmula jurídica.
“¿Qué significa que Salta haya prevenido primero? Es que el trámite de concesión se inició primero en Salta, o sea primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces bajo ese concepto acá no hay una discusión ya de cómo puede ser en POSCO, como en otras zonas, sino que acá ya queda claro de que esa propiedad y la jurisdicción la tiene Salta y por ende la empresa que tenga la titularidad de esa concesión”, sostuvo.
La resolución define qué tribunal tramitará el expediente. El fondo de la disputa por los derechos mineros sigue pendiente, al igual que la delimitación entre Salta y Catamarca, una atribución que la Constitución Nacional asigna al Congreso.
“Acá no se resuelve el tema de conflicto limítrofe de fondo porque los límites los establece el Congreso de la Nación, porque así lo dice la Constitución Nacional, ”, explicó Castañeda Nordmann.
Al valorar la continuidad de la causa en Salta, el abogado volvió sobre los antecedentes de los años ochenta. “Tenemos tres fallos ya a favor, el del año 85, el del año 87 y el del 2026. Es totalmente histórico lo que pasó”, concluyó.
