Salta Mining
Las comisiones de Minería del Senado y de la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión conjunta para analizar el proyecto de reforma a la Ley Nacional de Glaciares, una iniciativa que apunta a fortalecer el enfoque federal y devolver competencias a las provincias en la gestión de sus recursos naturales estratégicos. La exposición estuvo a cargo de la senadora nacional Flavia Royón, impulsora de la propuesta que busca modificar la Ley Nº 26.639, vigente desde 2010.
Del encuentro participaron los senadores Gonzalo Caro Dávalos, Leonor Minetti, Arnaldo Altamirano, Carlos Guitian, Roque Cornejo, Enrique Cornejo y Dani Nolasco. Por la Cámara baja asistieron Griselda Galleguillos, Jerónimo Arjona, Guillermo Kripper, Nicolás Taibo y Claudio Cansinos.
Durante el debate, se puso el foco en el impacto que la reforma podría tener en las provincias, particularmente en Salta, donde actualmente no existen proyectos mineros emplazados en zonas con glaciares. En ese marco, Galleguillos remarcó la necesidad de contar con información precisa sobre el alcance real de la iniciativa, aun cuando la provincia no intervenga de manera directa en la aplicación de la norma.
A su turno, Caro Dávalos subrayó la importancia de comprender en detalle cómo los cambios propuestos podrían incidir en la realidad provincial, destacando el valor de anticipar escenarios y efectos regulatorios.
Royón explicó que la reforma surge como respuesta a las dificultades generadas por una ley que nunca fue reglamentada en más de 15 años, situación que derivó en conflictos por la superposición de competencias entre el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales. Según detalló, el proyecto apunta a clarificar el marco legal, sin resignar el objetivo central de proteger los glaciares.
La legisladora enfatizó que la iniciativa mantiene la prioridad de resguardar los glaciares, pero incorpora un esquema que habilita una participación más activa de las provincias, con criterios técnicos y científicos. En ese sentido, señaló que el nuevo enfoque permitiría evaluar proyectos productivos mediante estudios ambientales rigurosos, compatibilizando el desarrollo económico con la conservación del ambiente.
En su exposición, Royón precisó que el inventario nacional registra alrededor de 17.000 glaciares en todo el país, de los cuales 646 se localizan en la provincia de Salta.
Uno de los aspectos centrales abordados fue la ambigüedad existente en la definición del ambiente periglaciar dentro de la normativa actual. La falta de precisión sobre qué áreas quedan comprendidas en esa categoría derivó, según se explicó, en interpretaciones dispares y conflictos en su aplicación. La reforma propone corregir esta indefinición, otorgando a las provincias la potestad de determinar qué sectores deben ser protegidos de acuerdo con su función hídrica real.
En esa línea, el proyecto establece que las provincias podrán identificar cuáles glaciares poseen recursos hídricos estratégicos, y decidir en consecuencia su nivel de protección. También se incorpora de manera explícita la posibilidad de realizar estudios científicos y técnicos, promoviendo un criterio funcional que evite restricciones generales sobre actividades productivas.
Hacia el cierre de la reunión, Royón confirmó que el proyecto será tratado en el Senado durante el mes de febrero y ratificó su respaldo a la iniciativa.
La Ley de Glaciares vigente
La Ley Nacional de Glaciares, sancionada en 2010, tiene como finalidad preservar los glaciares y las áreas periglaciares, consideradas claves para el ciclo hídrico. La norma asigna al Estado nacional la responsabilidad de su protección y prohíbe actividades que puedan afectar su integridad.
No obstante, la ley fue objeto de críticas por invadir competencias provinciales y carecer de una reglamentación efectiva durante más de una década, lo que generó incertidumbre jurídica y conflictos en su implementación. Además, las limitaciones impuestas a actividades productivas, especialmente mineras, profundizaron el debate en distintas regiones del país.
Uno de los principales puntos cuestionados fue, precisamente, la ausencia de una definición clara del ambiente periglaciar, lo que dificultó la aplicación homogénea de la norma.
Los ejes del proyecto de reforma
El proyecto actualmente en análisis en el Senado propone actualizar la Ley de Glaciares con un criterio más federal, transfiriendo mayores atribuciones a las provincias para la gestión de sus recursos naturales.
Entre los cambios más relevantes, se plantea que la protección se concentre en los glaciares con valor hídrico estratégico, habilitando a las provincias a revisar y actualizar el inventario, con la posibilidad de incorporar o excluir áreas según su relevancia ambiental.
Asimismo, la reforma promueve un abordaje técnico-científico, permitiendo la realización de estudios de impacto ambiental para proyectos productivos, como la minería, bajo estándares de sustentabilidad.
En el caso de Salta, se destacó que la iniciativa no tendría impacto directo sobre actividades mineras, dado que no existen emprendimientos en zonas glaciares, y que el nuevo marco permitiría un mayor control provincial sobre la definición y protección del ambiente periglaciar.
