Salta Mining
A partir de noviembre, la empresa Battery Age Ltd. iniciará su primera campaña de exploración en busca de oro y plata en el Macizo del Deseado, tras recibir la autorización provisoria del Gobierno de Santa Cruz, que validó el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la legislación vigente.
El permiso fue otorgado por la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería provincial, luego de la revisión integral del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa. Esta evaluación constituye el paso previo a la autorización definitiva, garantizando que las operaciones cumplan con las normas de protección ambiental.
Durante una reunión oficial realizada esta semana, las autoridades provinciales informaron al gerente de Battery Age en Argentina, Salvador Broens, sobre la aprobación del permiso provisorio. El encuentro fue encabezado por Gastón Farías, secretario de Control Ambiental, junto a Katiza Dragnic, subsecretaria de Evaluación de Impacto Ambiental; Guillermina Maderwald, subsecretaria de Control Ambiental Zona Sur; Jesabel Schon, directora de Evaluación de Estudios Ambientales; y Luis Lucero, director de Coordinación de Inspecciones Zona Sur.
La campaña de perforación —que comenzará en noviembre— contempla unos 2.000 metros de perforación con el método de Aire Reverso (RC) y se desarrollará principalmente en las áreas Águila Main y Águila Sur, donde se identificaron vetas subverticales de cuarzo y sulfuros con valores en superficie de hasta 174,6 g/t de oro y 4.739 g/t de plata.
Según precisó la compañía, la segunda etapa del programa prevé ampliar la exploración hacia los sectores Verbena y San Cristóbal, definidos a partir de anomalías geoquímicas y geofísicas coincidentes, lo que podría extender el potencial del proyecto.
El modelo de exploración diseñado por Battery Age combina geoquímica de suelos (con más de 2.200 muestras históricas y recientes), magnetometría terrestre (327 km lineales) y estudios de gradiente IP/Resistividad (58 km), herramientas que permitieron delinear una cartera de objetivos dentro de los 91 km² del área concesionada.
Desde la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero remarcaron que la aprobación del permiso “se enmarca en la política provincial de acompañar el desarrollo del sector minero con estrictos controles ambientales, priorizando la transparencia, la sostenibilidad y la generación de empleo local”.
El programa contará con contratistas y servicios logísticos locales, y estará bajo supervisión técnica permanente por parte de la autoridad minera provincial, que verificará el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y los estándares internacionales de seguridad durante todo el proceso de exploración.
