Por estos días, en Salta, se habla mucho de minería. Pero no solo por los números de exportación o los proyectos que avanzan en la Puna, sino por algo que a veces no aparece en los balances económicos: la construcción y el cuidado de la licencia social. En criollo, la “licencia social” es la aceptación de las comunidades para que una actividad minera se desarrolle en su territorio, y es fundamental para que un proyecto pueda desarrollarse. Sin ese permiso que es simbólico y real al mismo tiempo, ningún proyecto puede sostenerse en el tiempo, por más toneladas de litio o cobre que haya bajo tierra.
En este contexto, la noticia de la construcción de una sede comunitaria en Tolar Grande o la donación de una ambulancia al municipio cabecera de Los Andes, son mucho más que una obra de infraestructura o una acción para fortalecer el sistema de salud. Son gestos concretos en un momento donde el vínculo entre minería y sociedad se encuentra en constante revisión.
La sede que va a funcionar como un espacio propio para la comunidad Kolla de Tolar Grande, donde podrán organizar actividades culturales, educativas y de gestión comunitaria, es también es un mensaje claro: el desarrollo minero tiene que estar acompañado de oportunidades para los pueblos del lugar, primero, y para todos los salteños, también.
En este camino, no es la única acción que se está llevando adelante para fortalecer la relación con los distintos sectores, que por momentos se torna frágil.
Desde hace un tiempo se vienen sumando distintas iniciativas sociales y productivas, como las becas universitarias a distancia para jóvenes de Tolar Grande y Santa Rosa de los Pastos Grandes, o los programas de extensión rural que impulsan huertas agroecológicas en Torzalito, abriendo la puerta a nuevas fuentes de ingreso. Las acciones de Responsabilidad Social Empresaria que buscan desarrollar a los emprendedores de la zona con el programa de Quinua en la Puna Salteña, son parte de una extrategia de acercar a las mineras a las comunidades.
A esto se suma el compromiso con la contratación de mano de obra local, la capacitación en oficios y la donación de maquinaria para el mantenimiento de caminos, algo clave en una zona donde el tránsito de vehículos pesados es cada vez mayor. Y, sobre todo, donde ese flujo ha cambiado la vida cotidiana de las comunidades locales de manera vertiginosa.
Todo esto muestra un modelo de minería donde las empresas, las comunidades y el Estado buscan trabajar juntos. ¿Por qué es importante? Porque el desarrollo minero no puede ser solo extracción y exportación. Si no deja beneficios visibles y concretos en las comunidades donde opera, se convierte en un conflicto latente a punto de estallar.
Salta, al igual que otras provincias mineras, sabe que sostener la licencia social no es un trámite administrativo, sino un trabajo de todos los días. La sede de Tolar Grande es un paso más en ese camino, que no siempre es fácil, pero que es necesario si se quiere hablar de una minería sostenible, responsable y aceptada socialmente.
