
AOMA Salta advirtió que podría llamar a un paro total en Mansfield, por conflicto con la comunidad de Tolar
El gremio denunció a minera canadiense por excluir a trabajadores y proveedores locales en la contratación de servicios.
El senador salteño y presidente de la Comisión de Minería dijo que el Estado debe estar presente en el territorio y defendió el compre local frente a las imposiciones del RIGI
Salta07/07/2025El senador Miguel Calabró, presidente de la Comisión de Minería del Senado salteño, lanzó definiciones contundentes durante su participación en el programa “2 de 10”, conducido por Néstor Sánchez y Gustavo Iovino. En una entrevista a fondo, el legislador abordó los desafíos estructurales que enfrenta la provincia frente al crecimiento de la actividad minera, y apuntó tanto contra el gobierno nacional como contra sectores del propio Estado provincial por la falta de controles y presencia efectiva en los territorios.
“El ojo del amo engorda el ganado”, resumió Calabró al referirse a la necesidad de supervisión directa sobre las empresas que operan en la Puna salteña. En ese sentido, insistió en que “hay que salir de las oficinas y estar allá arriba, donde pasan las cosas”.
Para el legislador, resulta urgente avanzar en la instalación de delegaciones permanentes de los organismos de control en la región andina, como las Secretarías de Minería, Trabajo, Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Rentas.
“No puede ser que desde Capital se demore días en tomar conocimiento de un conflicto en San Antonio o en la meseta. La gente necesita que el Estado esté ahí, a la par”.
Uno de los ejes que más preocupan a Calabró es la competencia desleal que, según denunció, practican algunas pequeñas empresas salteñas que “de la noche a la mañana aparecen con 30 camiones y una gran inversión”. Según indicó, estos casos generan dudas sobre la trazabilidad de las inversiones y la transparencia en los procesos de contratación.
Frente a este escenario, el senador defendió el compre local y el fortalecimiento de los proveedores salteños, especialmente aquellos que están asociados con capitales nacionales y cumplen con los estándares exigidos por las propias comunidades.
“Cuando una empresa trabaja bien, la comunidad lo reconoce. Y nosotros como Estado tenemos la obligación de defender ese entramado productivo local”, señaló, en alusión a una licitación que buscaba reemplazar a una empresa de catering que contaba con el aval de las comunidades de Tolar Grande.
Miguel Calabró se mostró abiertamente crítico del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado recientemente en el Congreso con el aval de la mayoría de los gobernadores.
“El RIGI permite importar sin pagar aranceles, y eso pone en jaque a las empresas salteñas que hoy prestan servicios en condiciones mucho más difíciles”, advirtió.
Además, cuestionó con dureza el modelo de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.
“Prometieron motosierra para vivir mejor, pero lo único que vemos son hospitales cerrados, rutas destruidas y falta de gas. ¿Dónde está la plata?”, se preguntó, en tono crítico.
A su vez, remarcó que las provincias que apoyaron la Ley Bases ahora están sufriendo el recorte en carne propia. “Se comieron el crédito político. La gente en el interior la está pasando muy mal”, sentenció.
El legislador también fue autocrítico con el funcionamiento del Estado salteño. “A veces criticamos el centralismo porteño, pero nosotros en Capital hacemos lo mismo con el interior. Hay oficinas que no funcionan, líneas medias que no empujan el lápiz, y así perdemos oportunidades”.
Según Calabró, incluso hay empresas que “piden ser controladas más”, porque certificar calidad ante la provincia les suma en sus estándares internacionales. “Si el Estado no está presente, lo que crece es el riesgo de abuso, de contratos precarios, de trabajo en negro o hasta de ingreso de extranjeros sin documentación, como ya ocurrió”.
En otro tramo de la entrevista, Calabró insistió en que la minería puede ser una oportunidad real para el desarrollo, pero sólo si se garantiza que los beneficios lleguen a las comunidades, se respete el ambiente y se controlen las condiciones laborales. También reconoció que hay tensiones con algunos gremios respecto al encuadre de los trabajadores, especialmente en la etapa de construcción, y que es necesario ordenar con claridad los roles de UOCRA y AOMA.
“Esto no puede ser una remake de los 90, como ya lo vivimos. La motosierra no es una política económica. Y desde Salta, tenemos que plantarnos con firmeza y exigir lo que nos corresponde”, concluyó el senador, dejando en claro que la provincia necesita un Estado más fuerte, más cercano y más comprometido con su interior profundo.
El gremio denunció a minera canadiense por excluir a trabajadores y proveedores locales en la contratación de servicios.
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