Dos referentes que forjaron su trayectoria desde el corazón de la industria minera provincial buscan llegar a la Legislatura para incidir directamente en la toma de decisiones políticas
Salta07/04/2025
Salta Mining
El Tribunal Electoral de la Provincia oficializó las listas de candidatos presentadas el pasado 22 de marzo, confirmando que todo está listo para los comicios provinciales del próximo 11 de mayo. Entre las principales novedades se destaca la irrupción del sector minero en la política salteña, con la candidatura de Flavia Gabriela Royón como diputada provincial titular por el Frente Vamos Salta (Lista 407) y Alberto Ramón Castillo como senador provincial titular por el Frente Liberal Salteño Por Salta Libre (Lista 404).
Ambos candidatos tienen un fuerte arraigo en el desarrollo de la minería en la provincia y simbolizan el desembarco de este sector estratégico en la arena electoral. Sus postulaciones marcan la importancia del sector en la provincia: dos referentes que forjaron su trayectoria desde el corazón de la industria minera provincial buscan llegar a la Legislatura para incidir directamente en la toma de decisiones políticas.
Flavia Gabriela Royón es ingeniera industrial y tiene una sólida trayectoria en el sector energético y minero. Fue gerente ejecutiva de la Mesa del Litio, una instancia de articulación regional entre Salta, Jujuy y Catamarca, clave para el posicionamiento internacional del triángulo del litio. Desde allí, Royón impulsó políticas de sostenibilidad, transparencia y desarrollo local vinculadas a la explotación del litio.
Antes, fue Secretaria de Minería y Energía de la Provincia y luego ascendió a nivel nacional como Secretaria de Energía de la Nación. Su regreso a la política provincial marca un giro estratégico: poner en el centro del debate legislativo temas como la transición energética, la industrialización del litio y el fortalecimiento de proveedores y mano de obra local en la minería.
Alberto Ramón Castillo, abogado de profesión, fue presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A. (REMSA), la empresa estatal que articula con las inversiones mineras y energéticas. Durante su gestión, REMSA se consolidó como un actor clave en la planificación de infraestructura estratégica —como líneas eléctricas, rutas y conectividad digital— en la región de la Puna, acompañando el crecimiento de los proyectos de litio.
Castillo también integró equipos técnicos que diseñaron políticas de desarrollo territorial asociadas a la minería, promoviendo la inclusión de comunidades originarias y la participación de empresas locales. Su candidatura al Senado provincial apunta a fortalecer la representación técnica y productiva en la Cámara Alta.
La presencia de Royón y Castillo en las listas oficializadas representa un fenómeno que cada vez será más visible: la minería comenzará a convertirse un actor político con voz propia en las elecciones provinciales. Hasta ahora, el sector había influido de manera indirecta en las políticas públicas. Hoy, con candidatos que conocen desde adentro las necesidades, tensiones y potencialidades de la industria, se espera una mayor conexión entre la planificación política y las dinámicas del desarrollo productivo.
De confirmarse su elección, ambos referentes podrían constituirse en una bancada transversal que impulse leyes vinculadas al desarrollo sustentable, la infraestructura estratégica, la formación técnica y la transparencia institucional en los procesos de inversión minera.
La campaña ya está en marcha y el 11 de mayo se presenta como una fecha clave no solo para el futuro político de Salta, sino también para la consolidación de un nuevo paradigma donde la minería no solo se desarrolla en el territorio, sino también en los espacios de decisión.
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Del 22 al 26 de abril, Espacio Riesco será epicentro del debate global sobre el futuro de la minería, con participación internacional, startups, energías limpias y una fuerte conexión con la ciudadanía.
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Con un 55% de avance, la provincia construye un puesto modelo en Salvador Mazza, incorporando tecnología de punta para fortalecer la seguridad logística, fiscal y fronteriza en la región.
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