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En una decisión que refleja un cambio de paradigma en la administración estatal, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, confirmó este viernes la intención del Ministerio de Economía de privatizar Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta y extra alta tensión en el país.
Transener, cuya red incluye más de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, está controlada en un 51% por Citelec, sociedad en la que Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Energía Argentina (ex Enarsa) tienen participación igualitaria.
La privatización apunta a transferir las acciones de Energía Argentina en Citelec a manos privadas, en línea con la política de desinversión estatal promovida por el gobierno nacional.
Según fuentes oficiales, ya se han iniciado conversaciones para concretar la operación, facilitada por una reciente normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que simplifica este tipo de transacciones. En paralelo, las acciones de Transener han mostrado un crecimiento notable en la Bolsa, con un alza superior al 110% en lo que va del año, reflejo del interés que despierta la compañía en el mercado.
El anuncio se inscribe en el marco de la estrategia del gobierno de Javier Milei, que busca reducir el rol empresario del Estado y fomentar la participación privada en sectores estratégicos.
Además del anuncio sobre Transener, el gobierno dio señales de acercamiento al sector petrolero al confirmar la plena vigencia, desde 2024, del decreto 929, aprobado en 2013 para garantizar beneficios cambiarios a Chevron en el contexto del acuerdo con YPF para la explotación de Vaca Muerta.
El decreto permitirá a las empresas que hayan invertido más de 250 millones de dólares en el país entre 2013 y 2016 exportar hasta el 20% de su producción sin impuestos y mantener en el exterior los dólares obtenidos. Esta medida busca demostrar el compromiso del Estado con acuerdos preexistentes y con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, según González.
El entendimiento con Chevron, que en su momento generó controversias por las cláusulas confidenciales, vuelve al centro de la agenda económica como una herramienta para atraer inversiones al sector energético.
Con estas decisiones, el gobierno nacional avanza en una agenda económica que apunta a transformar sectores estratégicos con una lógica orientada al mercado, aunque no exenta de críticas por parte de actores políticos y sociales que cuestionan la pérdida de control estatal en áreas sensibles.
