
Antes de que una mina comience a operar, hay un riguroso camino legal y ambiental que seguir. Participación ciudadana, evaluaciones técnicas y controles permanentes forman parte del proceso.
El abogado Bernardo, socio en Saravia Frías Abogados, fue el encargado de dar el inició al encuentro denominado "Impacto del RIGI en la Minería", que se desarrolla esta tarde en Salta.
Salta18/10/2024 Salta MiningEl abogado Bernardo Saravia Frías, socio en Saravia Frías Abogados, fue el encargado de dar el inició al encuentro denominado "Impacto del RIGI en la Minería", que se desarrolla esta tarde en Salta. Durante su exposición destacó la importancia de crear un encuentro entre el sector público y privado para desarrollar la actividad minera de manera sostenible. Se propuso que el Registro de Inversiones y Gestión Integral (RIGI) evolucione de una simple ley a una institución estable, apoyada por el sector privado, que ofrezca seguridad jurídica y estabilidad.
Además, se sugirió la creación de un fondo soberano intergeneracional para gestionar los recursos no renovables, asegurando que los beneficios se destinen a educación, infraestructura y desarrollo del capital humano para las futuras generaciones. Se enfatizó la necesidad de un cambio cultural en el sector y la relevancia de las inversiones a largo plazo en minería.
Durante el encuentro, el abogado Bernardo Saravia Frías destacó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones como impulsor de la actividad minera. “El objetivo es alcanzar un punto de encuentro entre Nación y provincias. Que no haya sorpresas de ni de un lado, ni del otro”
Señaló que el RIGI tiene que ser mucho más una ley, debe ser una institución. “La ley es dictada por parte del Congreso. La institución nace de la costumbre y es resultado del diálogo entre el sector público y el sector privado. Esto es lo que le da estabilidad, que es una condición necesaria para el desarrollo de una actividad de largo plazo como es la minería”. Sobre este último punto, dijo que las inversiones en este sector son de riesgo, por lo que el Estado debe brindar seguridad jurídica y eso es precisamente lo que propone el RIGI.
“Hay algo más interesante todavía en todo esto. El Estado Nacional ha provocado un cambio cultural. Puede gustar o no, pero lo ha provocado. Está brindando las condiciones”, aseguró.
Respecto a la explotación de los recursos naturales, que son finitos, señaló que “se van a extinguir, se van a terminar. En un punto tenemos que lograr que lo que quede, pueda proyectarse en el tiempo, a las generaciones venideras, que son nuestros hijos, nietos. Ellos son los que van a tener que tener algún beneficio”. Y, destacó el rol que tendrán las empresas privadas en tal sentido. Apuntó también a los proveedores y la necesidad de adecuarse a los altos estándares internacionales y a la calidad que exige el sector minero.
“Hay que pensar en grande desde acá, desde el interior. Hay que cuidar el capital. Nuestros intereses deben estar puesto en educación, el capital humano y la infraestructura”, destacó el letrado.
Antes de que una mina comience a operar, hay un riguroso camino legal y ambiental que seguir. Participación ciudadana, evaluaciones técnicas y controles permanentes forman parte del proceso.
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