Salta Mining
El royalty minero es el pago por los derechos extractivos de los recursos naturales de un determinado territorio. En el caso de Chile, el Estado es dueño de todos los recursos minerales y los privados e inclusos las empresas públicas que quieren extraer esos recursos pagan actualmente un impuesto específico.
El país trasandino no contaba con un royalty minero como tal en la legislación, pues la ley 20.026 definía el cobro a la minería como un impuesto específico a la renta operacional y que tiene una renta ascendente y progresiva dependiendo del margen que lleve cada empresa.
El proyecto aprobado por el Congreso y que se convirtió en Ley, reemplazará la actual legislación y propone crear una regalía "al valor del recurso vendido" o su cantidad de ventas con una tasa fija del 1% para todas las empresas mineras.
La ley del royalty minero recaudará mediante tributos cerca del 0,45% del PIB nacional.
La normativa señala que entrará en vigencia recién en 2024, y se sumará a la Ley de Presupuestos de 2024 y 2025. Las tasas para las empresas que cumplan los requisitos serán de entre 8% y 26%, dependiendo del margen operacional de cada una. Además, se agrega un impuesto del 1% ad valorem sobre las ventas anuales de cobre.
Para quienes vendan entre 50 mil y 80 mil TMCF, habrá una carga tributaria máxima de 45,5%, y sobre los 80 mil TMFC será de 46,5%. Esta considera la suma entre el impuesto de primera categoría, los impuestos finales y el royalty. Por lo tanto, este último bajará si se excede este porcentaje determinado.
De acuerdo a la información publicada por el Gobierno de Chile, se prevé a partir repartir a través del royalty minero un total de 450 millones de dólares adicionales a los Gobiernos Regionales y municipios.
Fondo para la Productividad y el Desarrollo: 225 millones de dólares para los Gobiernos Regionales. Los recursos se destinan al financiamiento de inversión productiva entendida de manera amplia, como proyectos, planes y programas que tengan por objeto el fomento de actividades productivas, de desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica. En la distribución de este fondo se compensará a las regiones mineras a través de indicadores que reconozcan sus necesidades.
Fondo de Comunas Mineras: 55 millones de dólares a comunas mineras que tengan faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, relaves, puertos, etc. Se busca compensar consecuencias negativas de la minería. Esto alcanza a las comunas pertenecientes a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins, que mantengan dentro de sus territorios actividades relacionadas con la minería, las que serán determinadas por un informe.
Según estimaciones, los fondos alcanzarían a 32 comunas, beneficiando a cerca de 2 millones de personas.
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial: 170 millones de dólares para las comunas más vulnerables del país. Este punto busca avanzar en el achicamiento de brechas de ingreso de carácter territorial, por lo que se focaliza el fondo a comunas con poca capacidad de generación de ingresos propios. Llegaría a aproximadamente 300 comunas chilenas, beneficiando a cerca de 11 millones de personas.
Camila Vallejo Dowling, ministra vocera de Gobierno, apuntó explicó hoy que el royalty minero junto a la Estrategia Nacional del Litio se traduce en "aumentar el sueldo de Chile a través del cobre, y un sueldo para las regiones. Queremos que la descentralización no sea de papel sino real", explicó.
Estas medidas, señala Vallejo, otorgarán mayor poder a las distintas regiones con el traspaso de competencias en el que han venido trabajando hacia los gobiernos regionales, con recursos significativos.
"Estamos hablando de que el royalty va a aportar al desarrollo con territorios han sido históricamente postergados. Estamos hablando de 32 municipios mineros y del 89% de los municipios más vulnerables del país", puntualizó.
Por último recordó que después de la nacionalización del cobre llega el royalty, que constituían una deuda con Chile.
