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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, intensificó el conflicto con San Juan al reinstalar el reclamo por soberanía territorial sobre áreas clave vinculadas al desarrollo minero, entre ellas el proyecto Josemaría y la región de Ischigualasto. La controversia, que combina intereses productivos y definiciones históricas, fue elevada al ámbito del Congreso nacional.
Un diferendo histórico que vuelve al centro de la escena
El mandatario riojano sostuvo que los límites entre ambas provincias nunca fueron resueltos de forma concluyente, lo que abre interrogantes sobre la jurisdicción de proyectos estratégicos. En ese contexto, apuntó directamente al emprendimiento Josemaría, impulsado por Vicuña Corp, al considerar que se ubica en una zona en disputa.
“Tenemos un conflicto de límites con San Juan que nunca fue dilucidado”, sostuvo.
Además de cuestionar la situación territorial, Quintela planteó que la discusión excede lo técnico y se inscribe en un plano político, al involucrar la relación entre provincias y la distribución de los beneficios económicos derivados de la minería.
Revisión de acuerdos y cuestionamientos a decisiones del pasado
Uno de los ejes centrales del planteo apunta a los acuerdos firmados en 1968, durante un gobierno de facto, que fijaron los límites actuales. El gobernador pidió revisar esa delimitación por considerar que carece de legitimidad institucional, lo que podría abrir la puerta a una redefinición territorial con impacto directo en recursos naturales y áreas protegidas.
Ischigualasto, un punto sensible en la disputa
La inclusión de Ischigualasto dentro del reclamo elevó el nivel del conflicto. Quintela afirmó que ese territorio habría pertenecido originalmente a La Rioja antes de su traspaso a San Juan, cuestionando la validez del proceso.
“Podríamos compartirlo porque pertenece a ambas partes”, señaló el gobernador, al dejar abierta la posibilidad de un esquema de gestión conjunta.
El Senado como árbitro institucional
Lejos de limitar el planteo al ámbito bilateral, Quintela propuso que sea el Congreso de la Nación quien dirima la controversia, en particular el Senado.
“El árbitro tiene que ser el Senado”, afirmó, al remarcar que cualquier redefinición de límites debe respetar los mecanismos constitucionales y contar con respaldo legislativo.
Minería, empleo y reparto de beneficios
El gobernador también vinculó el reclamo territorial con la distribución de ingresos y oportunidades laborales generadas por la actividad minera. Señaló que, históricamente, infraestructura riojana habría sido utilizada sin retornos económicos proporcionales.
“Necesitamos que los trabajadores riojanos tengan participación”, sostuvo.
En paralelo, buscó despejar dudas sobre su postura frente al sector extractivo:
“Queremos una minería sustentable, que proteja el ambiente y que genere beneficios para todos”.
Contexto judicial y escalada del conflicto
El planteo se da en simultáneo con una reciente decisión de la Justicia de La Rioja que ordenó la suspensión temporal de actividades vinculadas al proyecto Vicuña dentro de su territorio, ante la falta de presentación del estudio de impacto ambiental. La medida incluyó restricciones sobre accesos y operaciones, aunque la compañía readecuó su logística para continuar sus tareas desde San Juan.
Un conflicto con proyección nacional
La avanzada política de Quintela traslada la disputa más allá del plano regional, abriendo un nuevo frente entre La Rioja y San Juan con posibles derivaciones en el Congreso. En un escenario donde convergen minería, ambiente y soberanía territorial, el caso promete convertirse en un test clave para la gobernanza de los recursos naturales en Argentina.
