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El diferendo limítrofe entre La Rioja y San Juan volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y minera luego de que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgara la Ley N.º 10.876, una norma que ratifica el reclamo de su provincia sobre sectores cordilleranos donde se desarrollan algunos de los proyectos de cobre más relevantes del país.
Con la entrada en vigencia de la legislación, el Ejecutivo riojano quedó habilitado para impulsar gestiones administrativas, políticas y judiciales con el objetivo de revisar la delimitación territorial actualmente establecida entre ambas provincias. Entre las alternativas previstas se contempla la posibilidad de presentar el caso ante el Congreso de la Nación y, de ser necesario, recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
El eje del reclamo alcanza zonas estratégicas para el desarrollo de la minería argentina, entre ellas las áreas donde avanzan los proyectos Vicuña y Lunahuasi, considerados de alto potencial para la producción de cobre.
La posición de La Rioja cuestiona la validez de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968, que fijó los límites interprovinciales vigentes. Desde la administración provincial sostienen que aquella delimitación afectó los intereses riojanos y consideran necesario revisar el trazado.
Al anunciar la promulgación de la norma, Quintela expresó a través de la red social X: "Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta".
La decisión generó una inmediata reactivación de una controversia que ya había provocado fuertes respuestas desde San Juan durante las últimas semanas.
El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, reiteró que la delimitación provincial no admite interpretaciones y recordó que los límites fueron definidos por una ley nacional que permanece plenamente vigente.
"Nuestra jurisdicción no está en discusión", sostuvo el mandatario, al tiempo que remarcó que ninguna provincia tiene facultades para modificar de manera unilateral una frontera establecida por el Congreso de la Nación.
Orrego ya había expresado esa postura en noviembre de 2025 y volvió a insistir este año en la plena vigencia de la Ley Nacional 18.004, que desde hace más de cinco décadas establece los límites entre ambas jurisdicciones.
El debate también despertó preocupación en el sector minero sanjuanino. La Cámara Minera de San Juan manifestó públicamente que la fortaleza de la provincia como destino de inversiones se sustenta en la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la continuidad de las políticas públicas, factores considerados esenciales para el desarrollo de proyectos de gran escala.
La entidad recordó además que las iniciativas mineras demandan inversiones multimillonarias y largos períodos de exploración, evaluación y construcción, por lo que requieren reglas claras y estabilidad normativa para garantizar su viabilidad.
En paralelo, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración institucional mediante la cual rechazó el planteo impulsado por La Rioja y ratificó la vigencia de los límites establecidos por la legislación nacional.
El conflicto adquiere especial relevancia por el impacto económico que representa el proyecto Vicuña, actualmente uno de los desarrollos cupríferos más importantes de Argentina. De acuerdo con información difundida por la compañía en mayo de 2026, la iniciativa genera 522 puestos de trabajo directos y 2.150 empleos indirectos. Además, el 77 % de los trabajadores directos son oriundos de San Juan y el 72 % del total de la dotación reside en esa provincia, cifras que reflejan el peso del emprendimiento en la economía regional mientras continúa la disputa por la jurisdicción de los territorios involucrados.
