Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta representan casi la totalidad de las exportaciones mineras

La actividad minera en Argentina se encuentra altamente concentrada en un puñado de provincias, principalmente ubicadas en el norte del país.

Este dinamismo se sustenta en el buen desempeño de las principales provincias productoras, entre las que se destacan Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta. Estas cinco jurisdicciones concentran casi el 100% de las exportaciones mineras del país.

Si bien Santa Cruz, en la Patagonia, lidera el ranking en términos de facturación, es el Norte Grande el que ejerce una mayor influencia en el sector. Jujuy, Catamarca y Salta, en particular, han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, consolidando su posición como ejes mineros clave.

 Santa Cruz es la única representante del sur del país en la lista y también la que más exportaciones mineras produjo, en ese lapso medido de los primeros nueve meses de este año, con un total facturado de 1.235 millones de dólares. Segunda está la provincia de San Juan con 966 millones de dólares. En el tercer lugar completa el podio Jujuy con 508 millones de dólares facturados por exportaciones mineras hasta septiembre de este año. 

La lista la completan otras dos provincias del NOA: Salta con 213 millones de dólares y Catamarca con 187 millones., y el otro dato es que, entre todas las otras provincias del país, apenas llevan facturados 49 millones de dólares en el mismo período, lo que determina que las 5 provincias enumeradas representan casi el 100% de las exportaciones mineras.

Según el último informe de la Secretaría de Energía, las exportaciones mineras alcanzaron los 404 millones de dólares en septiembre, un aumento del 33,8% comparado con el mismo mes del año anterior.

Los recursos generados por esta actividad son fundamentales para el desarrollo de infraestructura, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. Sin embargo, es crucial garantizar que los beneficios de la minería se distribuyan de manera equitativa y que se implementen medidas para mitigar los potenciales impactos ambientales y sociales.