Salta Mining
El nuevo gobierno de Bolivia puso en marcha un ambicioso programa para reposicionar al país como actor relevante en la minería mundial, con eje en minerales estratégicos como litio, cobre y plata. La iniciativa cuenta con asistencia técnica del Banco Mundial y busca transformar el potencial geológico en crecimiento económico concreto.
Actualmente, las exportaciones bolivianas se sitúan cerca de los US$10.000 millones, con la minería aportando alrededor del 60%, lo que refuerza la centralidad del sector en la economía nacional.
El plan fue presentado por el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón de la Barca, y contempla una profunda actualización del marco normativo junto con medidas para mejorar la competitividad del país.
Uno de los primeros movimientos se concretó durante la convención minera PDAC en Canadá, donde Bolivia exhibió su portafolio de proyectos ante inversores internacionales. Como resultado, unas 20 compañías de Canadá y Estados Unidos manifestaron interés en desarrollar iniciativas en conjunto con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Las oportunidades incluyen no solo minerales tradicionales como plata, zinc, antimonio, tungsteno y cobre, sino también recursos críticos clave para la transición energética global.
Con esta estrategia, el Gobierno apunta a consolidar una minería más dinámica, ordenada y competitiva, capaz de atraer inversiones y convertir el potencial geológico del país en desarrollo económico tangible.
Especialistas del sector destacan que Bolivia cuenta con importantes reservas de litio, cobre, plomo y antimonio, lo que le otorga una posición atractiva en el mapa minero internacional.
“La nueva administración de Bolivia está tratando de atraer inversión para desarrollar su minería. Al respecto, debemos tener presente que un inversionista minero no solo centra la atención en los precios de los minerales y en los costos de operación, sino también y en forma muy relevante, en la institucionalidad donde se va a efectuar la inversión, esto es, el marco jurídico, económico y político”.
En ese sentido, se advierte que la clave para materializar inversiones no radica únicamente en los recursos disponibles, sino en la calidad institucional y la seguridad jurídica.
“Debemos tener presente que lo que diferencia a los países, no son los recursos mineros en sí, sino que la institucionalidad que se dan para hacer uso eficiente de los recursos de que disponen. Por ello, poseer recursos mineros es una condición necesaria pero no suficiente para desarrollar minería”.
Para responder a estas exigencias, el gobierno impulsa una reforma integral del marco regulatorio, orientada a resolver problemas históricos como la seguridad de los derechos mineros, los esquemas contractuales y los retrasos administrativos.
En paralelo, se trabaja en una articulación con una nueva ley de inversiones, que incluirá incentivos fiscales y no fiscales para fomentar el desarrollo del sector sin comprometer los ingresos del Estado.
Otro eje prioritario es el combate a la minería ilegal, considerada uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la actividad. En este frente, se intensificaron los controles y operativos coordinados con fuerzas de seguridad.
“Con esta estrategia, el Gobierno apunta a consolidar una minería más dinámica, ordenada y competitiva, capaz de atraer inversiones y convertir el potencial geológico del país en desarrollo económico tangible”.
En conjunto, Bolivia busca dar un salto cualitativo en su industria minera, apalancándose en la demanda global de minerales críticos y en un rediseño de sus reglas de juego para captar capitales de largo plazo.
