Martín Rodríguez
La minería en la Puna salteña atraviesa un momento decisivo. Mientras los proyectos de litio y otros minerales estratégicos se consolidan como motores de inversión y empleo, crece al mismo tiempo la presión por garantizar que ese desarrollo vaya de la mano con una gestión ambiental responsable. Los últimos episodios de mala disposición de residuos y prácticas contaminantes que se viralizaron en las redes y hasta denunciaron las propias comunidades de la Puna, se expusieron las malas prácticas de las empresas y las debilidades de un sistema de control que debería estar asociado a las empresas mineras, el gobierno, las comunidades y los proveedores.
En este contexto, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Ambiente de la Provincia, dependientes del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, convocaron a una reunión de trabajo con la Cámara de Minería de Salta y representantes de una docena de empresas asociadas, con el objetivo de abordar los ejes principales vinculados a la gestión ambiental de los proyectos que se desarrollan en la provincia.
El encuentro, que estuvo encabezado por la directora general de Minería, Paula Marinaro, tuvo como objetivo central analizar la situación actual de los proyectos y establecer lineamientos para optimizar procesos de gestión ambiental, y al mismo tiempo analizar la situación actual de los proyectos al tiempo que se pusieron sobre la mesa distintas alternativas y soluciones para optimizar procesos y garantizar el cuidado ambiental.
Un escenario complejo
La agenda no es menor. Apenas iniciado el segundo semestre de 2025, denuncias y registros en redes sociales mostraron residuos abandonados en rutas clave de la Puna, atribuidos a camiones contratados por una empresa minera. Semanas después, ambientalistas difundieron videos que mostraban botellas plásticas con desechos fisiológicos arrojadas en las inmediaciones del Salar de Arizaro, una práctica habitual entre transportistas que cubren los trayectos hacia los yacimientos. Lejos de anécdotas aisladas, estos incidentes revelaron fallas estructurales en la gestión de residuos, con impactos que van desde la contaminación de ecosistemas frágiles hasta el deterioro de la confianza comunitaria.
La minería depende en gran medida de esa confianza. Sin el aval de las comunidades, los conflictos sociales se multiplican y la viabilidad de los proyectos se debilita. En este sentido, la mesa multisectorial busca consolidar instancias de diálogo y cooperación que fortalezcan el compromiso de todos los actores involucrados. "Estas instancias de diálogo y cooperación fortalecen el compromiso de todos los actores involucrados en avanzar hacia una minería más responsable, donde la correcta gestión se consolide como un pilar esencial para el cuidado del ambiente y la sustentabilidad del sector, expresaron las redes sociales de la Secretaría de Minería.
Pero más allá de los acuerdos formales, persiste un interrogante clave: ¿alcanzan los actuales mecanismos de control para evitar nuevos episodios de contaminación? La experiencia reciente muestra que se debe trabajar más. La presión sobre los recursos hídricos, el impacto en pastizales y la generación de residuos son puntos críticos que requieren no solo regulaciones claras, sino también monitoreos independientes y sanciones efectivas frente a incumplimientos.
La reflexión es inevitable: el litio y otros minerales de la Puna son piezas claves en la transición energética global, pero si su extracción se realiza a costa de entornos degradados y comunidades vulneradas, el discurso de la “minería verde” se derrumba. La oportunidad que ofrece Salta es única: demostrar que progreso y respeto ambiental pueden ir de la mano. Para lograrlo, Estado, empresas y sociedad deben asumir la responsabilidad compartida de construir una minería que no solo genere riqueza, sino también confianza y futuro.
