Salta Mining
La decisión del Poder Ejecutivo de enviar a la Legislatura un proyecto para reorganizar la estructura ministerial abrió un debate necesario y, en muchos aspectos, largamente postergado: ¿está la provincia preparada institucionalmente para acompañar el crecimiento vertiginoso de la minería? La creación del Ministerio de Producción y Minería parece dar una respuesta clara. Pero también abre otra discusión ineludible y es la necesidad de descentralizar la gestión, especialmente con una oficina plenamente operativa en San Antonio de los Cobres, como viene insistiendo el presidente de la Comisión de Minería del Senado, Miguel Calabró.
La minería dejó de ser un sector incipiente para convertirse en uno de los motores centrales de la economía salteña. Los números hablan solos, las exportaciones crecieron un 54% en apenas un año, alcanzando US$290 millones entre enero y agosto y representando la mitad del total exportado por la provincia. Y esto, vale subrayarlo, sin que todavía entren en producción todos los proyectos que están en construcción o fase avanzada.
En ese contexto, elevar la minería al rango de ministerio no es solo una jugada política acertada, es una decisión estratégica. Agiliza trámites, fortalece controles, ordena responsabilidades, articula energías y pone al Estado en condiciones de responder a un crecimiento que ya está en marcha.
Si Salta quiere competir y sostener la confianza inversora necesita un Estado moderno, ágil y territorial. Y este proyecto va en esa línea.
El articulado del proyecto es ambicioso, como debe serlo. El nuevo Ministerio deberá asistir al Gobernador en todo lo relacionado a desarrollo productivo, industrial y comercial, minería y recursos hídricos, energías renovables y no renovables, hidrocarburos, cuidado del ambiente y planificación territorial, políticas de empleo, fomento a pymes y economía social
Es decir, un mapa completo del desarrollo provincial. La minería entra allí no como un sector aislado, sino como parte de un ecosistema productivo que debe funcionar de manera integrada, sustentable y con reglas claras.
Y esto tiene sentido, porque la minería ya sostiene miles de puestos de trabajo y genera cadenas de valor que alcanzan desde proveedores locales hasta grandes empresas internacionales. No es un mundo aparte. Es parte del presente y del futuro económico de Salta.
Pero falta un paso clave, y que se sintetiza en territorio, territorio y territorio. Si hay algo que la minería enseña es que no se gestiona desde un escritorio en la capital. La Puna salteña es el corazón del desarrollo minero, y allí es donde también debe estar el Estado.
Por eso, vuelve a cobrar fuerza y urgencia el planteo que hizo oportunamente el senador Miguel Calabró, la apertura de una oficina de minería en San Antonio de los Cobres. Y tiene toda lógica. San Antonio es el epicentro logístico de la actividad, el punto de contacto directo con comunidades, trabajadores y empresas y el territorio donde se generan los impactos, desafíos y oportunidades.
Es en definitiva, el lugar donde nacen y se desarrollan los proyectos productivos.
La minería necesita presencia, control, respuestas rápidas, diálogo permanente y gestión en tiempo real. Desde la lejanía es imposible. Por eso, una oficina en territorio no es un “detalle”, es una condición necesaria para que esta reforma realmente se traduzca en eficiencia y mejor gobernanza.
Si Salta quiere ser líder, también debe estar físicamente donde late su industria.
El proyecto del Ejecutivo reordena ministerios, redefine responsabilidades y concentra el foco donde debe estar, en la producción, el empleo, la energía y la minería. También alinea al gabinete con el desafío económico más grande de la provincia en décadas.
