Parecen haber quedado atrás aquellos tiempos en que la minería se presentaba con euforia como el motor del desarrollo nacional. Si bien el optimismo sigue alimentando el discurso oficial y empresarial, hoy los eventos del sector revelan algo distinto: preocupaciones, advertencias y la necesidad urgente de corregir el rumbo.
El foro "Argentina Cobre 2025" en San Juan puso en evidencia estas tensiones. Allí, además de los anuncios rimbombantes y los pronósticos de crecimiento, gobernadores y referentes del sector plantearon con claridad que el verdadero desafío está en generar empleo, cuidar a los proveedores locales y dotar de infraestructura y normas estables a las provincias productoras.
En el Noroeste argentino, los efectos de la minería no son homogéneos ni automáticos. Mientras se multiplican los beneficios para las grandes empresas, como la posibilidad de ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) o la reciente eliminación de retenciones a las exportaciones de cales, minerales y metales, la reactivación prometida no llega a la base de la cadena de valor. Por el contrario, muchos proveedores regionales achican su estructura, despiden personal y ven con preocupación la apertura de licitaciones a firmas extranjeras y el ingreso de importaciones sin aranceles.
Pero para lograr una minería que quede, también es indispensable exigir competitividad real a los proveedores locales. No alcanza con elegir empresas de la región solo porque la legislación las prioriza. Si se busca una cadena de valor sólida, sostenible y capaz de responder a las demandas del mercado internacional, los proveedores deben estar a la altura de sus pares en Estados Unidos o Australia, no solo en calidad, sino también en costos y eficiencia. Ser local no puede ser sinónimo de ser caro o ineficiente. La mejor manera de proteger a las pymes argentinas es impulsarlas a ser más competitivas, no blindarlas de la competencia.
Para que los proveedores locales puedan competir de igual a igual con empresas extranjeras, es necesario generar condiciones que les permitan reducir sus costos sin sacrificar calidad. Esto implica acceso a financiamiento blando para adquirir tecnología, capacitación constante del personal, mejoras en infraestructura logística y una carga impositiva que no los deje fuera del mercado. Además, los Estados provinciales y nacionales pueden jugar un rol clave fomentando consorcios entre pymes, compras públicas inteligentes y esquemas de integración temprana a los proyectos mineros. La competitividad no debe exigirse desde la exigencia pura, sino construirse con políticas activas que potencien el talento y la capacidad instalada que ya existe en el país.
La situación es grave y enciende luces de alerta. La minería no puede seguir expandiéndose si no genera empleo local. No es solo un problema social; es también una cuestión de legitimidad.
Sin desarrollo territorial, sin beneficios concretos para las comunidades, la actividad pone en riesgo la licencia social y su viabilidad a largo plazo.
El presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, lo dijo con claridad en Argentina Cobre: “La infraestructura debe pensarse para los próximos 100 años”. Su intervención marcó un punto de inflexión, al manifestar que sin caminos, sin trenes, sin energía ni conectividad, los proyectos seguirán siendo solo buenos PowerPoints. Y sin capital humano, tampoco hay futuro.
“Las prioridades son para los argentinos. De alguna manera tenemos claro que puede haber personal extranjero, pero voy a ser muy claro: lo indispensable, lo menos posible porque si no, no vamos a ser exitosos”, afirmó.
Las provincias mineras no quieren ser solo territorios extractivos. Quieren planificación, logística, ciencia y trabajo. Por eso, el gobernador salteño Gustavo Sáenz fue directo: “La lealtad es una avenida de ida y vuelta”, exigiendo a Nación reciprocidad, inversión y federalismo real. No se trata de caprichos políticos sino de equidad productiva. Sáenz dijo, además, "hay que dejar de ser un país con minerales para convertirnos en un país minero".
Pero para que eso ocurra, debe cambiar el enfoque. No alcanza con seducir capitales internacionales con garantías fiscales y cambiarias. Hace falta una estrategia nacional que contemple al interior productivo como protagonista, no como espectador. El caso del ferrocarril Belgrano Cargas es un claro ejemplo. Su privatización solo tendrá sentido si se vincula directamente con las necesidades logísticas de las regiones mineras.
El megaproyecto Vicuña, que integrará Josemaría y Filo del Sol, podría ser el puntapié para una minería de nueva generación, con inversiones superiores a los US$ 10.000 millones. Pero ese desarrollo solo tendrá sentido si deja valor en el país: empleo, tecnología y conocimiento. Si no se regula el impacto de los grandes proveedores globales sobre la cadena local, se corre el riesgo de consolidar un modelo excluyente y dependiente.
Hoy, los actores provinciales, empresariales y sociales piden lo obvio, reglas claras, infraestructura estratégica y protección al trabajo argentino. No es una agenda antiinversión, sino de desarrollo genuino. Sin esas condiciones, el crecimiento minero se volverá insostenible.
Argentina tiene una ventana de oportunidades. Pero esa ventana no durará mucho. La demanda global de cobre, litio y otros minerales críticos está en auge. Las decisiones que se tomen hoy definirán el mapa productivo de las próximas décadas. Es hora de elegir: ¿Queremos una minería que saque, o una minería que quede?
Sin empleo, sin reglas, sin federalismo, la minería no les sirve a las provincias ni al país. Y esa verdad, tarde o temprano, se impone incluso sobre las promesas más brillantes.
