Salta Mining
Durante el primer semestre, el sector exportó USD 4.742 millones, un crecimiento interanual del 74,4%, consolidándose como uno de los mayores generadores de divisas del país en un escenario económico todavía condicionado por la necesidad de fortalecer la balanza comercial.
El desempeño estuvo liderado por el oro, que aportó USD 2.905 millones, equivalente al 61% de las exportaciones mineras, mientras que el litio volvió a demostrar su acelerada expansión con ventas superiores a USD 1.096 millones, impulsadas por un extraordinario crecimiento del 185% respecto del mismo período del año anterior.
Estos resultados acompañan un superávit comercial acumulado que ya supera los USD 13.900 millones.
Sin embargo, detrás de estos indicadores históricos aparece una realidad que comienza a instalarse en el debate económico.
Mientras la minería genera cada vez más exportaciones, su impacto sobre el empleo formal continúa siendo relativamente limitado. Los datos expresan que la minería y la agroindustria representan conjuntamente menos del 7% del empleo privado registrado del país.
La mayor creación de puestos de trabajo continúa concentrándose en provincias específicas como Neuquén, Río Negro y San Juan, reflejando un crecimiento territorialmente desigual que plantea uno de los principales desafíos para la próxima etapa del desarrollo minero.
El mayor símbolo de esta nueva etapa es el Proyecto Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining en San Juan. La reciente adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante la figura de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), formalizó una inversión comprometida de USD 9.737 millones hasta 2031 para desarrollar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.
Si el proyecto alcanza todas sus etapas de expansión, la inversión podría superar los USD 18.000 millones, convirtiéndose en la mayor inversión extranjera directa registrada en la historia del país.
Con una producción estimada cercana a 395.000 toneladas anuales de cobre, Vicuña posiciona a Argentina entre los futuros grandes productores mundiales de un mineral considerado esencial para la transición energética. Pero el proyecto también enfrenta desafíos importantes.
Su desarrollo depende del funcionamiento del Tratado Minero Binacional con Chile, ya que parte del yacimiento y de la infraestructura necesaria se encuentran del otro lado de la Cordillera.
A ello se suma una reciente controversia generada por la asignación prioritaria del 90% de la futura capacidad de ampliación de la red eléctrica sanjuanina, una decisión que garantiza energía para Vicuña pero abre interrogantes sobre el acceso que tendrán otros proyectos mineros de la provincia.
El fuerte ingreso de capitales también impulsó un debate político de mayor profundidad. En el Congreso comenzaron a discutirse modificaciones a la Ley de Tierras que podrían flexibilizar los límites actuales sobre la propiedad extranjera de terrenos rurales.
La propuesta se vincula con la necesidad de atraer inversiones para minería, infraestructura energética y nuevos desarrollos tecnológicos, aunque sectores críticos advierten sobre los riesgos de una mayor extranjerización de recursos estratégicos.
La discusión adquiere una dimensión aún mayor frente a iniciativas que buscan atraer grandes centros de datos vinculados con inteligencia artificial, cuya demanda de agua y energía podría competir con otros usos productivos.
En paralelo, especialistas en derecho ambiental advierten sobre las implicancias que tendría ampliar la utilización de tribunales internacionales para resolver controversias relacionadas con inversiones estratégicas.
Otro de los cambios relevantes llegó con el Decreto 482/2026, que modifica el esquema administrativo para la exploración minera.
El nuevo sistema reemplaza parte de la documentación previa por el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), trasladando el eje del control desde una evaluación inicial hacia inspecciones posteriores realizadas por las autoridades provinciales. El objetivo oficial es reducir tiempos burocráticos y mejorar la competitividad del sector.
Sin embargo, el nuevo modelo incrementa la responsabilidad de los organismos provinciales de fiscalización, ya que serán las inspecciones en terreno las que deberán garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales.
El desafío resulta particularmente sensible en regiones como la Puna, donde la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú y del Convenio 169 de la OIT exige mecanismos claros de información y participación de las comunidades originarias.
En Catamarca, el proyecto Kachi, de Lake Resources, inició la consulta pública de su Estudio de Impacto Ambiental para aplicar tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), con expectativa de obtener la Declaración de Impacto Ambiental hacia fines de septiembre.
Al mismo tiempo, el Congreso abrió el debate sobre un marco regulatorio para las tierras raras, minerales considerados críticos para la industria tecnológica y la transición energética.
En materia logística también aparecen avances significativos. El Puerto de Corrientes se prepara para transformarse en un nuevo nodo exportador del litio producido en Jujuy con destino a China, una operación que permitiría movilizar hasta 7.000 contenedores anuales y reducir costos logísticos en aproximadamente USD 440 por contenedor, fortaleciendo la competitividad de la cadena minera del NOA.
