Los piquetes contra la minería en Panamá generaron pérdidas por US$ 1.700 millones

Los piquetes que arrancaron hace casi un mes en Panamá contra un polémico contrato minero, causaron pérdidas por 1.700 millones de dólares, informó el principal gremio empresarial del país.

• Toneladas de productos agrícolas dañados, filas de camiones y autos atascados en las rutas, éxodo de turistas, escuelas cerradas y marchas sin tregua vivía hoy el país por cuarta semana, en las mayores protestas desde las de hace más de tres décadas contra la dictadura de Manuel Noriega.

¿Cuál es el origen de las protestas?

Las protestas, que causaron al menos cuatro muertos -dos baleados por un panameño estadounidense en un bloqueo-, estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó un contrato firmado por el gobierno que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM) operar por 40 años la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Las consecuencias de los piquetes

• "Hemos hecho un estimado de pérdidas de 1.700 millones de dólares en lo que va de este proceso de cierre de vías", dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo Gill.

• "Estamos dando una imagen internacional de un país anárquico, un país que va rumbo al despeñadero", afirmó Castillo en conferencia de prensa, según la agencia de noticias AFP.

• "Una proporción importante" de micro, pequeñas y medianas empresas "empieza a cerrar sus puerta; estamos comprometiendo el futuro de la nación", agregó el líder del Conep.

La policía anunció el jueves que utilizaría toda la "fuerza necesaria" para despejar las rutas, pero la situación no varió desde entonces. Por su parte, el presidente Laurentino Cortizo fue criticado por su inacción.

La Asociación Bancaria de Panamá afirmó en un comunicado que "los disturbios también han afectado el atractivo de Panamá como destino de calidad para la inversión extranjera".

Para calmar el malestar ciudadano, el Congreso aprobó la semana pasada una moratoria de la minería metálica y acordó dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre el polémico contrato con FQM, que permite la operación por 40 años de la mina.

Los ambientalistas quedaron satisfechos con la medida al considerar que en vez de que el contrato sea anulado por ley debe ser la Corte la que lo declare inconstitucional, para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.

Pero el poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, gremios de maestros y otras organizaciones insisten en que el contrato debe ser anulado por ley, por lo que continuaron con las protestas y los bloqueos de rutas.

El gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, 10 veces más que el acuerdo inicial de 1997 suscripto en condiciones desfavorables para el país.