Shenzhen como espejo: el desafío de Salta para pasar de atraer inversiones a desarrollar proveedores

El nombre de Shenzhen se metió en la discusión económica argentina después de un particular cruce entre Luis Caputo y el periodista Diego Iglesias. Durante el Día de la Exportación, el ministro mostró un fragmento de un informe que Iglesias había realizado desde la ciudad china y, después de escucharlo, lanzó: “Cambien Shenzhen por Argentina y es exactamente lo que estamos haciendo”. Caputo utilizó así la transformación de la ciudad como ejemplo para defender el rumbo económico del Gobierno y el esquema de incentivos a las inversiones.

La respuesta de Iglesias no tardó en llegar. El periodista cuestionó la comparación y planteó que el desarrollo de Shenzhen no se explicó solamente por la apertura y los incentivos: las Zonas Económicas Especiales chinas estuvieron acompañadas, según su planteo, por transferencia de tecnología, asociación con empresas locales, orientación exportadora y una fuerte inversión estatal en infraestructura. 

La discusión que se inició como una "china política" comenzó a tomar otra dimensión sobre todo dentro de la minería, ya que la ciudad china pasó, en pocas décadas, de ser una zona pesquera con 300 mil habitantes en 1980 a convertirse en uno de los grandes polos industriales y tecnológicos del mundo, con más de 24 millones de residentes permanentes. 

Aunque el ejemplo de Caputo fue utilizado para poner el foco sobre el Régimen a las Grandes Inversiones (RIGI) y la llegada de inversiones a la Argentina, hay una parte de esa historia que resulta particularmente interesante cuando se la mira desde una provincia minera como Salta: qué sucede con las empresas que están alrededor de esas grandes inversiones.

Porque una mina no solamente demanda capital. Cuando entra en construcción y posteriormente en producción necesita cientos de bienes y servicios: transporte, logística, movimiento de suelos, mantenimiento, metalmecánica, electricidad, comunicaciones, alojamiento, alimentación, seguridad, ingeniería, tecnología y una larga lista de actividades que pueden convertirse en negocios permanentes.

Y ahí aparece la pregunta que atraviesa hoy la discusión argentina: ¿cómo hacer para que una parte de esa demanda se transforme en empresas locales más grandes, más profesionales y capaces de competir fuera de una sola operación minera?

El punto de conflicto: Nación contra las leyes provinciales

Ese proceso se encuentra ahora con una discusión jurídica y política. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, la semana anterior cuestionó con dureza las leyes provinciales que establecen porcentajes obligatorios de contratación de trabajadores y proveedores locales.

Durante el Forbes Mining Summit sostuvo que, desde la posición del Gobierno nacional, este tipo de normas son inconstitucionales porque funcionan como una “aduana interior” y restringen la circulación de personas y riqueza dentro del país. También planteó la necesidad de alcanzar un consenso federal para eliminarlas.

El argumento de Nación parte de una idea: Argentina debería funcionar como un único mercado y las empresas deberían poder contratar trabajadores y proveedores sin restricciones territoriales.

Sin embargo, del otro lado aparece la mirada de las provincias productoras dueña de los recursos minerales. En Salta, la discusión no se interpreta solamente como una cuestión de porcentajes o de quién gana una licitación. El argumento provincial apunta a algo diferente: la minería tiene una relación directa con el territorio donde se encuentra el yacimiento y, por lo tanto, también con las comunidades y las empresas que viven de esa economía local.

No es una discusión menor.

Qué establece realmente la Ley 8164

La Ley 8164 fue sancionada en 2019 y creó el Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras. La norma define como proveedores locales a las personas o empresas que cumplen determinados requisitos de radicación, empleo y composición societaria en Salta. También establece que las empresas mineras que operen en la provincia deberán preferentemente contratar bienes, obras, insumos y servicios de proveedores locales, bajo los porcentajes establecidos por la legislación.

La ley no solamente habla de proveedores. También incorpora el empleo y el desarrollo territorial dentro de su esquema. El artículo 18 establece una preferencia por trabajadores con domicilio en los departamentos donde se desarrolla la actividad minera y luego por trabajadores del resto de la provincia.

Y hay un dato que resulta importante para esta discusión: la propia reglamentación contempla excepciones cuando no existe oferta local suficiente para cumplir con los porcentajes establecidos. Es decir, el régimen no desconoce que puede haber bienes, servicios o capacidades que todavía no existen en Salta.

Eso permite mirar la Ley 8164 desde otro lugar. No solamente como una obligación, también es un mecanismo para decirle al mercado: hay una demanda minera que va a crecer y necesitamos construir la oferta para atenderla.

El modelo Shenzhen y la segunda parte de la historia

Shenzhen suele aparecer en el debate como el ejemplo de una economía que consiguió atraer capital extranjero y crecer a una velocidad extraordinaria. Pero su transformación no estuvo vinculada únicamente a la llegada de inversiones. La ciudad construyó infraestructura, parques industriales, concentración empresarial y mecanismos para conectar compañías grandes con empresas más pequeñas.

En las primeras etapas de la apertura china también tuvieron un papel importante las joint ventures entre compañías extranjeras y socios locales. En determinados sectores, ese esquema permitió combinar capital y tecnología internacional con conocimiento del mercado y capacidades locales. La experiencia fue parte de un proceso más amplio mediante el cual China buscó absorber conocimiento, desarrollar empresas y construir una estructura industrial propia.

El aprendizaje que puede resultar útil para Salta no consiste en copiar el modelo chino. Es bastante más sencillo: una gran inversión puede ser mucho más que una inversión si alrededor de ella se desarrolla una red de empresas capaces de aprender y crecer.

Una mina puede comprar hoy un servicio a una empresa local. El verdadero desarrollo aparece cuando esa empresa utiliza ese contrato para incorporar maquinaria, capacitar personal, certificar procesos, mejorar su productividad y después conseguir contratos en otros proyectos.

El valor que no aparece en una planilla

Hay algo que resulta difícil de medir en dólares y que, sin embargo, puede ser determinante para la minería: la licencia social. Una operación minera puede tener permisos ambientales, inversión, tecnología y financiamiento, pero también necesita convivir durante años con las comunidades que están alrededor del proyecto.

En ese contexto, el desarrollo de proveedores locales tiene una consecuencia que va más allá del contrato comercial. Cuando una empresa de la zona consigue trabajo, cuando se capacitan trabajadores locales, cuando un emprendimiento crece porque abastece a una operación minera o cuando una comunidad encuentra nuevas oportunidades económicas alrededor del proyecto, la actividad comienza a tener un vínculo diferente con el territorio.

No significa que contratar proveedores locales garantice automáticamente la licencia social. La aceptación de un proyecto depende de muchos factores. Pero sí existe un argumento provincial: que parte de la riqueza generada por una actividad que utiliza un recurso situado en ese territorio permanezca y se multiplique dentro de ese mismo territorio ayuda a construir arraigo.

Ese planteo ya fue expresado anteriormente por referentes del sector salteño. En el Salta Mining Summit, Flavia Royón sostuvo que la minería debe entenderse “desde el territorio” y vinculó directamente la participación de proveedores locales con la licencia social. Federico Russo, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta, también señaló que el desarrollo de proveedores locales es parte de lo que permitió fortalecer la aceptación de la actividad en la provincia.

La minería como política industrial

Los próximos años pueden cambiar la escala de la minería salteña. La llegada de nuevos proyectos implica una demanda que puede superar ampliamente la capacidad actual del ecosistema proveedor. Ese escenario obliga a mirar el problema con anticipación.

Una empresa que hoy realiza mantenimiento para una operación puede mañana fabricar equipamiento. Una compañía de transporte puede incorporar tecnología y convertirse en operador logístico de varios proyectos. Una metalúrgica puede pasar de fabricar estructuras básicas a producir componentes especializados. Una empresa de servicios puede incorporar estándares internacionales y salir a competir en otras provincias.

Ese es el salto que convierte al proveedor en industria. Y allí la referencia a Shenzhen vuelve a tener sentido.

El punto no es copiar a China ni trasladar su modelo a Salta. El punto es entender que las grandes inversiones no tienen por qué terminar en grandes proyectos aislados. Pueden convertirse en el núcleo alrededor del cual crecen empresas, trabajadores especializados, tecnología y conocimiento.

El debate que Salta no debería perder

La discusión sobre las leyes de compre local probablemente continúe. Nación sostiene que las restricciones territoriales pueden fragmentar el mercado argentino y afectar la libre circulación. Las provincias mineras, en cambio, plantean que necesitan herramientas para que la actividad extractiva tenga un impacto concreto en sus territorios.

En el caso salteño, la discusión tiene además una particularidad: la minería está atada físicamente al territorio. El mineral no puede trasladarse a otra provincia para ser extraído. El proyecto se desarrolla donde están el yacimiento, las comunidades y el entorno social que deberá convivir con la operación durante años.

Por eso, la territorialidad no es solamente una cuestión administrativa. Es parte de la ecuación minera. La pregunta de fondo, entonces, no debería ser únicamente si Salta compra mucho o poco a sus proveedores. Tampoco si Nación o las provincias tienen razón en abstracto sobre el alcance de las normas.

La pregunta más concreta es qué quiere hacer Argentina con las enormes inversiones que busca atraer.

Si el objetivo es repetir solamente el primer capítulo de Shenzhen —atraer capital—, el problema termina cuando llega la inversión. Si el objetivo es construir una estructura productiva alrededor de ella, recién ahí empieza la discusión por los proveedores.

Para Salta, esa diferencia puede ser decisiva.

Porque dentro de algunos años habrá muchas más minas que producirán litio, cobre, oro, probablemente tierras raras y otros minerales. Es por eso, que la verdadera medida del impacto de ese proceso no estará solamente en cuánto mineral salió de la Puna o cuántas divisas generaron para la provincia.

En esta discusión también entrará la pregunta de ¿cuántas empresas salteñas crecieron alrededor de esas minas, cuánto conocimiento quedó en la provincia y cuántas capacidades productivas seguirán existiendo cuando cambien los ciclos de los proyectos?.

Ese es, en definitiva, el punto donde el debate sobre el compre local deja de ser solamente una discusión jurídica sobre porcentajes y se convierte en una discusión sobre qué modelo de desarrollo minero quiere construir Salta.