Salta Mining
La Secretaría de Minería dejó sin efecto un conjunto de resoluciones dictadas entre 2008 y 2022, que alcanzaban programas de minería social, transferencias de fondos, monitoreo ambiental, importaciones, planificación y políticas de género. La medida busca reducir estructuras administrativas y simplificar el marco regulatorio, aunque mantiene los compromisos derivados de convenios ya suscriptos.
La política minera argentina atraviesa una nueva etapa de reordenamiento institucional y normativo. La Secretaría de Minería dispuso la derogación de ocho resoluciones que habían dado origen a distintos programas, planes y mecanismos de coordinación del sector durante administraciones anteriores.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 64/2026, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El paquete de normas alcanzado por la medida abarca instrumentos creados entre 2008 y 2022, varios de ellos asociados a circunstancias específicas o esquemas de gestión que, de acuerdo con la evaluación oficial, dejaron de tener vigencia operativa.
Según los fundamentos de la resolución, la revisión forma parte del proceso de modernización y simplificación de la administración pública establecido a partir de la Ley Bases. El objetivo declarado es reducir estructuras, evitar superposiciones y orientar los recursos hacia mecanismos considerados más eficientes.
Entre las disposiciones derogadas aparecen las Resoluciones 55/2008 y 134/2008, relacionadas con el reglamento utilizado para transferir recursos a provincias, municipios y otros organismos.
También fue eliminada la Resolución 36/2020, mediante la cual se había adaptado el Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria. Se trataba de una herramienta concebida para un contexto excepcional que, según el Gobierno, perdió su razón de ser una vez superada aquella situación.
Otro de los instrumentos alcanzados es la Resolución 47/2020, que había establecido el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.
La lista continúa con la Resolución 138/2020, que creó una mesa técnica destinada a analizar y revisar importaciones vinculadas con la actividad minera, y la Resolución 255/2021, mediante la cual se puso en marcha la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
Por otra parte, quedaron derogadas las Resoluciones 50/2022 y 53/2022. La primera había extendido el período disponible para que provincias presentaran rendiciones vinculadas con recursos destinados a proyectos de minería social, huellas mineras y programas sociales.
La segunda había creado un proyecto federal orientado a fortalecer las capacidades de monitoreo de variables ambientales relacionadas con la minería.
La argumentación oficial se apoya en los principios de austeridad, eficiencia, eficacia y simplificación administrativa.
La Secretaría de Minería sostiene que mantener formalmente determinadas normas que ya no cumplen una función efectiva puede generar estructuras innecesarias o conservar mecanismos que dejaron de responder a las necesidades actuales de la gestión.
En ese sentido, la resolución establece una revisión de instrumentos que, según el diagnóstico oficial, perdieron operatividad, tuvieron carácter transitorio o requieren ser reemplazados por nuevas herramientas de coordinación.
El criterio forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a reducir la cantidad de programas y estructuras dentro del Estado y concentrar las funciones en esquemas considerados más ágiles.
Uno de los casos mencionados expresamente es el sistema federal de monitoreo ambiental minero. La resolución establece que sus objetivos deberán abordarse mediante mecanismos alternativos que permitan una implementación más eficiente.
Uno de los puntos centrales de la resolución es que la eliminación de las normas no implica desconocer automáticamente los compromisos asumidos durante su vigencia.
El texto establece que los derechos y obligaciones que hayan surgido de convenios previamente celebrados permanecerán vigentes. Por lo tanto, las partes deberán continuar con las obligaciones de ejecución y rendición correspondientes y, cuando corresponda, con los procedimientos de recupero de fondos.
Para estos casos seguirá aplicándose el reglamento general del ex Ministerio de Desarrollo Productivo referido a la rendición de fondos presupuestarios transferidos a provincias, municipios y otros organismos, además de las normas vigentes de administración financiera.
De esta manera, el Gobierno diferencia el proceso de depuración normativa de las obligaciones que ya fueron formalmente asumidas.
La decisión se conoce mientras la minería argentina atraviesa un período de creciente interés inversor, particularmente en litio, cobre, oro y plata, minerales considerados estratégicos para aumentar las exportaciones y el ingreso de divisas.
En ese escenario, la administración de Javier Milei busca avanzar hacia un esquema regulatorio que, además de favorecer las inversiones, reduzca la carga administrativa y reorganice instrumentos heredados de gestiones anteriores.
La derogación de estas ocho normas no supone el cierre de la política minera estatal, sino el reemplazo progresivo de determinadas herramientas por nuevos mecanismos de gestión. El desafío para la Secretaría de Minería será determinar cómo se cubrirán las funciones que pierden su respaldo normativo y cuáles serán los instrumentos que asumirán esas tareas.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, dando inicio formal a una nueva etapa en la reorganización de los programas y estructuras que dependen de la autoridad minera nacional.
