Salta Mining
La Cámara de Diputados de San Juan convirtió en ley el proyecto de Desarrollo Local Minero impulsado por el gobernador Marcelo Orrego, una iniciativa destinada a incrementar la participación de trabajadores, empresas y proveedores sanjuaninos en los futuros proyectos metalíferos de la provincia. La propuesta obtuvo 33 votos afirmativos y apenas dos negativos, consolidando un respaldo que incluso superó las previsiones del oficialismo.
La sesión legislativa se desarrolló este jueves y comenzó una hora más tarde de lo previsto. Fue conducida por el diputado del PRO, Enzo Cornejo, debido a que el vicegobernador Fabián Martín asumió de manera transitoria el ejercicio del Poder Ejecutivo provincial.
Uno de los aspectos políticos más relevantes de la jornada fue el acompañamiento del bloque Justicialista, que finalmente decidió apoyar la iniciativa pese a que durante el tratamiento en comisiones había optado por retirarse sin firmar el despacho favorable. Antes de la votación, los legisladores peronistas dejaron planteadas observaciones de carácter técnico, aunque ello no impidió su respaldo a la norma.
En contraste, los únicos votos negativos correspondieron a los diputados Mario Herrero y Graciela Seva, representantes del espacio San Juan Vuelve, vinculado al exgobernador José Luis Gioja. El legislador de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, estuvo ausente al momento de la definición.
Si bien el bloque alineado con el senador Sergio Uñac acompañó la aprobación, durante la discusión dejó asentadas sus diferencias respecto de algunos aspectos del proyecto.
La diputada y exministra de Hacienda Marisa López recordó el debate generado en torno a la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuestionó la postura del oficialismo al impulsar ahora una herramienta destinada a favorecer a los proveedores sanjuaninos. Además, explicó que el justicialismo había propuesto modificaciones vinculadas principalmente a las etapas de cierre y poscierre de las explotaciones mineras.
Otra de las intervenciones destacadas fue la de la diputada Fernanda Paredes, quien expresó: "No se puede ser libertario en Buenos Aires y estatista en San Juan", al fundamentar su visión sobre la participación del Estado en la actividad minera.
La nueva legislación establece un esquema orientado a maximizar el impacto económico de la minería sobre la provincia mediante tres ejes estratégicos.
El primero fija como objetivo que el 80% de la mano de obra empleada en cada emprendimiento minero esté integrada por residentes de San Juan, otorgando prioridad a quienes habitan en los departamentos directamente vinculados con los proyectos.
En segundo lugar, la ley promueve el fortalecimiento del entramado empresarial provincial, estableciendo como meta que el 60% del valor anual destinado a la contratación de bienes, obras y servicios sea adjudicado a proveedores locales siempre que exista una oferta competitiva.
El tercer componente apunta a coordinar las inversiones sociales que realizan las compañías mineras con los planes estratégicos de los municipios, buscando que los aportes en infraestructura, educación, salud y desarrollo comunitario respondan a una planificación de largo plazo.
Uno de los aspectos centrales de la legislación es la generación de mecanismos que permitan anticipar oportunidades de negocios para las empresas sanjuaninas.
Las operadoras mineras deberán difundir sus programas de compras y contratación de bienes y servicios, incluyendo cronogramas estimativos que permitan a los proveedores conocer con suficiente anticipación las futuras demandas de cada proyecto.
De este modo, empresas metalmecánicas, firmas de logística y prestadores de servicios radicados en distintos departamentos podrán preparar inversiones, desarrollar capacidades y competir en mejores condiciones cuando se abran las convocatorias.
Asimismo, las compañías estarán obligadas a realizar análisis de brechas para identificar cuáles de sus necesidades pueden ser abastecidas por proveedores establecidos en la provincia.
La ley incorpora una serie de instrumentos destinados a monitorear y estimular el cumplimiento de sus objetivos, entre ellos:
La sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero cerró un tratamiento legislativo que había mostrado diferencias durante su paso por las comisiones. Mientras el oficialismo y los bloques dialoguistas lograron avanzar con un dictamen favorable, el bloque Justicialista había decidido retirarse sin acompañarlo, una actitud que en su momento fue cuestionada por el diputado bloquista Gustavo Deguer, quien sostuvo que la oposición no había participado de las instancias técnicas de análisis.
Finalmente, el proyecto logró reunir un respaldo transversal en el recinto y quedó convertido en una de las principales herramientas legislativas de la gestión de Marcelo Orrego para promover el desarrollo de proveedores locales y ampliar el impacto económico de la minería en San Juan.
