Salta Mining
La provincia de Salta dio a conocer su hoja de ruta de largo plazo bajo la denominación “Salta 2050”, un esquema de planificación que busca ordenar el crecimiento económico y productivo de las próximas décadas. El diseño del programa coloca en el centro a la actividad minera, el litio, la transición energética y la logística de exportación como ejes estructurales del desarrollo provincial.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Gustavo Sáenz en un acto que reunió a actores del ámbito público, privado, académico y productivo. El objetivo del plan es consolidar una estrategia sostenida en el tiempo que permita atraer inversiones de gran escala, especialmente en sectores vinculados a la minería y la energía, reduciendo la dependencia de los ciclos políticos.
En el esquema productivo, uno de los puntos más relevantes es la intención de posicionar a Salta como un actor central en la cadena del litio en la Argentina. La provincia cuenta con proyectos avanzados en la región de la Puna y busca capitalizar la demanda internacional de minerales críticos, impulsada por la expansión de la electromovilidad y las tecnologías asociadas a la transición energética. En ese marco, se destacó el potencial de los salares salteños y la continuidad de inversiones en exploración y desarrollo.
Otro de los pilares del plan es la consolidación del Corredor Bioceánico Capricornio, considerado clave para mejorar la competitividad del sector exportador minero del NOA. La estrategia incluye el fortalecimiento de infraestructura vial y ferroviaria, con especial atención en la Ruta Nacional 51 y el ramal C-14, que conectan la Puna con los puertos del océano Pacífico a través de Chile. Estas conexiones son vistas como determinantes para reducir costos logísticos y ampliar la salida internacional de la producción regional.
Finalmente, el programa incorpora una dimensión ambiental y social vinculada al concepto de “minería con valor social y ambiental”, que busca reforzar la licencia social para operar y promover una mayor articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades locales, en línea con estándares de sostenibilidad cada vez más exigidos a nivel global.
