Salta Mining
La expansión de la actividad minera en la Puna salteña, presentada durante años como motor de desarrollo y oportunidades, atraviesa una etapa de tensiones silenciosas. Lejos del optimismo inicial, comienzan a surgir cuestionamientos desde los propios territorios que debían ser los principales beneficiarios. En ese contexto, la advertencia del intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, no resulta aislada, sino representativa de una preocupación creciente en el departamento Los Andes.
El eje del planteo es concreto, hay menos empleo local y menor participación de proveedores de la zona en los proyectos mineros. Según Villanueva, se trata de una tendencia que se fue consolidando en los últimos meses y que hoy se percibe con claridad al recorrer localidades como San Antonio de los Cobres, Olacapato, Pocitos y Pastos Grandes.
El diagnóstico del jefe comunal pone en evidencia una contradicción estructural; mientras la minería sigue en expansión y concentra inversiones millonarias, las comunidades cercanas sienten que su participación directa en ese crecimiento se reduce. “Hay gente que tuvo una oportunidad y luego quedó afuera”, sintetiza, reflejando una dinámica laboral marcada por la discontinuidad y la falta de estabilidad.
Más preocupante aún es el desplazamiento de empresas locales. Villanueva advierte que proveedores de la región, muchos de ellos pequeños emprendimientos, están siendo reemplazados por firmas provenientes de otras provincias o incluso del exterior. Este fenómeno no solo impacta en el empleo directo, sino también en el entramado económico local, que depende en gran medida de esos servicios asociados: catering, transporte, lavandería o provisión de agua.
Esta situación ya la había alertado Federico Russo, presidente de CAPEMISA, en el stream de Salta Mining "Mateadas Mineras". El titular de la cámara de proveedores locales afirmó que el sector comienza a mostrar signos de recuperación luego de un prolongado período de desaceleración, sin embargo, advirtieron que la reactivación aún no se traduce plenamente en contratación, especialmente en la etapa operativa de los proyectos.
"Empezamos el diálogo con la Secretaría de Minería, con distintos proveedores, para ver qué está pasando porque estamos en un nivel del precio de litio pasando los 20,000 dólares la tonelada, tenemos 3 tres mineras de litio en producción, obviamente están en etapa de ramp-up, no en plena producción, pero vemos de que las empresas que están en etapa ya de operación, están con un muy bajo nivel de contratación local. Vemos que por ahí todos se centran en Rio Tinto porque obviamente todos quieren entrar en Río Tinto, es la vedet del momento, es un mega proyecto, estamos hablando de 57.000 toneladas de producción, casi dos veces y media a las otras empresas", expresó el presidente de CAPEMISA.
Y agregó: "Así que estamos viendo que en la mayoría de las empresas están quedando pocos proveedores locales en la etapa de de operación. Entonces, eso lo hablamos con el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, y la semana pasada circularizaron a todas las empresas para que den un informe de todos los contratos que tienen vigentes para verificar si está cumpliendo con el porcentaje de Compre Local que tienen acordado en la DIA. Así que estamos tras esa gestión en CAPEMISA, con este trabajo en conjunto se va a hacer un un relevamiento muy importante para ver si se está cumpliendo con los porcentajes de las DIA".
El planteo puesto sobre la mesa por Villanueva en FM Aries, remite a una discusión más profunda sobre el modelo de desarrollo minero. ¿Hasta qué punto la actividad logra integrarse con las economías locales? ¿Se trata de un crecimiento inclusivo o de un esquema extractivo con escasa derrame territorial? Las palabras del intendente sugieren que, al menos en parte de la Puna, esa promesa de integración comienza a debilitarse.
Villanueva reconoce que en Tolar Grande existen algunos avances, producto de una articulación más directa entre comunidad, municipio y empresas. Obras de infraestructura y viviendas son señaladas como ejemplos concretos de ese vínculo. Sin embargo, advierte que ese impulso inicial perdió fuerza. “El acompañamiento era mayor al comienzo”, sostiene, marcando un punto de inflexión en la relación entre el sector privado y las comunidades.
El caso de Tolar Grande aparece así como una excepción relativa dentro de un escenario más complejo. Incluso allí, donde el impacto positivo es más visible, persisten limitaciones en la inserción de proveedores locales. Esto refuerza la idea de que el problema no es coyuntural, sino estructural y que apunta a la dificultad de las economías locales para competir o integrarse en cadenas de valor cada vez más exigentes y globalizadas.
Frente a este panorama, las autoridades del departamento comenzaron a articular respuestas. Villanueva confirmó gestiones conjuntas con otros intendentes, legisladores y organismos del sector, con el objetivo de abrir instancias de diálogo con las empresas y revisar los criterios de contratación. La expectativa está puesta en reuniones con la Secretaría de Minería y la Cámara del sector, espacios donde se buscará poner el tema en agenda.
El reclamo, en definitiva, no es nuevo, pero adquiere un tono de urgencia. La demanda por “más mano de obra local y mayores oportunidades para proveedores de la zona” resume una aspiración de toda la Puna: que el desarrollo minero no sea solo un fenómeno económico de gran escala, sino también una herramienta concreta de inclusión y crecimiento para las comunidades que conviven con la actividad.
En ese equilibrio entre inversión, producción y desarrollo local, se juega buena parte del futuro de la minería en Salta. Como advierte Villanueva, la legitimidad social de un modelo que, sin integración territorial, corre el riesgo de profundizar desigualdades en lugar de reducirlas.
