Salta Mining
Una polémica decisión judicial volvió a poner en tensión el desarrollo de la actividad minera en la región. La jueza María Greta Decker dispuso la suspensión por 30 días de las actividades del Proyecto Vicuña, junto con el bloqueo del tránsito de maquinaria pesada por el corredor de Guandacol, en territorio de La Rioja.
La medida, impulsada a partir de un reclamo de la Fiscalía de Estado riojana, exige la realización de evaluaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de acuerdos vinculados al uso de la red vial provincial. Sin embargo, el alcance de la resolución genera controversia, ya que el yacimiento se encuentra ubicado en la provincia de San Juan, lo que abre interrogantes sobre la jurisdicción y los límites de la intervención.
El corte del corredor de Guandacol representa un punto crítico para la logística del proyecto, al tratarse de una vía estratégica para el traslado de equipos, insumos y personal. La interrupción no solo afecta el normal desarrollo de las operaciones, sino que también impacta en toda la cadena de valor vinculada a la minería, desde proveedores hasta servicios asociados.
En ese contexto, la resolución judicial autoriza únicamente el ingreso de personal mínimo destinado a tareas de mantenimiento, mientras que se prevé la intervención de fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento del bloqueo en la zona afectada.
La decisión ya genera preocupación en comunidades cercanas como Guandacol, donde la actividad minera convive con el turismo y otras economías locales. Comerciantes, trabajadores y prestadores de servicios advierten que la paralización podría traducirse en una caída de la actividad y pérdida de ingresos en el corto plazo.
Desde el sector productivo cuestionan que, bajo el argumento del control administrativo y ambiental, se avance con medidas que consideran desproporcionadas y que terminan afectando el derecho al trabajo y el desarrollo económico regional. En particular, señalan que la falta de previsibilidad jurídica atenta contra la atracción de inversiones en un contexto donde la minería aparece como uno de los motores clave para el crecimiento del país.
Mientras tanto, el conflicto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la coordinación interprovincial en proyectos extractivos, el equilibrio entre control ambiental y desarrollo productivo, y el rol de la Justicia en la regulación de actividades estratégicas.
Por ahora, el Proyecto Vicuña permanece paralizado, a la espera de definiciones que permitan destrabar la situación y reactivar una iniciativa considerada clave para la economía de la región.
