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El Gobierno nacional avanzó en la implementación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) con la publicación del decreto reglamentario 242/2026, un paso clave para activar una herramienta destinada a dinamizar la producción, fortalecer las economías regionales.
La medida, que forma parte de la ley 27.802 de Modernización Laboral, establece el marco operativo del régimen, aunque su aplicación efectiva dependerá de la reglamentación complementaria que deberán dictar en un plazo máximo de 30 días la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto a las secretarías de Energía y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El RIMI surge como una respuesta a los sectores productivos que quedaron fuera del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuyo piso de ingreso es de USD 200 millones. En este caso, el nuevo esquema apunta a micro, pequeñas y medianas empresas, con inversiones que van desde USD 150.000 hasta USD 9 millones.
Entre los objetivos centrales del régimen se destacan la promoción del desarrollo económico, el fortalecimiento de las cadenas de valor, el aumento de la competitividad, la generación de empleo y el impulso a las exportaciones.
En cuanto a los proyectos alcanzados, el decreto especifica que podrán incluir inversiones en bienes nuevos de capital —con excepción de automóviles—, equipamiento informático y de telecomunicaciones, sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes. También contempla obras productivas que, al momento de la entrada en vigencia del régimen, presenten un avance inferior al 30% del total de la inversión.
Un aspecto relevante del RIMI es su foco en la eficiencia energética. El régimen incluye inversiones destinadas a la generación, almacenamiento y transporte de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, así como también proyectos orientados a optimizar y reducir el consumo energético en los procesos productivos.
Una vez que se dicten las normas complementarias, el régimen tendrá una vigencia de hasta dos años para cada inversión aprobada, con un horizonte que podría extenderse hasta mayo de 2028.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca ampliar el universo de inversiones productivas en el país, brindando herramientas específicas para sectores que no alcanzaban los requisitos del RIGI, y posicionando al RIMI como un instrumento clave para el desarrollo económico en escala media.
