






Fiambalá debatió el destino de los fondos del Fideicomiso Minero en una audiencia pública
Salta Mining










La comunidad de Fiambalá volvió a poner en agenda el destino de los recursos provenientes de la actividad minera, en el marco de una audiencia pública con instancia de participación ciudadana donde se explicó el funcionamiento y alcance del Fideicomiso Minero como herramienta de financiamiento de infraestructura.
El encuentro se desarrolló en el club Racing de la ciudad y contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellos los ministros Alberto Natella (Gobierno, Justicia y Derechos Humanos), Verónica Soria (Trabajo, Planificación y Empleo) y el intendente Raúl Úsqueda.
Un mecanismo para transformar renta minera en infraestructura
Durante la jornada, funcionarios del Ministerio de Hacienda y Obra Pública detallaron —en términos accesibles y sin tecnicismos— cómo se administran los fondos que ingresan por la actividad minera y de qué manera se canalizan hacia obras públicas en las zonas de influencia de los proyectos extractivos.


El eje central fue explicar el circuito financiero del Fideicomiso Minero y transparentar el estado de situación de proyectos ya finalizados, en ejecución y en carpeta. La dinámica permitió que vecinos y referentes sociales formularan consultas, plantearan objeciones y manifestaran posiciones tanto de respaldo como críticas.
El intercambio derivó en un debate abierto que apuntó a despejar dudas sobre la ejecución presupuestaria y la priorización de obras.
Infraestructura ya ejecutada y frentes en marcha
En el ámbito de Fiambalá, se destacó la concreción de obras financiadas con recursos del fideicomiso, entre ellas el azud y acueducto de Punta del Agua, la nueva terminal de ómnibus, el puente sobre el río Abaucán en la Ruta Provincial 135 a la altura de Medanitos y la primera etapa del asfaltado urbano.
A nivel provincial, también se mencionaron intervenciones como la nueva terminal y el hospital de Belén, así como obras viales estratégicas actualmente en ejecución: la Ruta Provincial 43 —que vincula Antofagasta de la Sierra con la provincia de Salta— y el corredor Belén-Tinogasta por la Cuesta de Zapata.
Proyectos en evaluación comunitaria
La audiencia también funcionó como instancia de socialización de nuevas iniciativas. Entre las propuestas sometidas a consideración se encuentran la Ruta Provincial 34, que conectaría Chuquisaca con Antofagasta de la Sierra atravesando el Campo de Piedra Pómez; la revitalización del Complejo Termal de Fiambalá; la construcción del Centro Sanitario de Palo Blanco; y un polideportivo para la ciudad.
Funcionarios técnicos del ministerio expusieron los fundamentos, necesidades y características constructivas de cada proyecto, remarcando la importancia de que la comunidad conozca el detalle de las intervenciones previstas.
La voz de los vecinos
Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la intervención de Ramón Reales, vecino de Palo Blanco, quien se refirió al centro de salud proyectado para esa localidad.
“Pedimos y agradecemos esta obra, así que la recibimos felices, pero (queremos que sea) con gente que trabaje y que pueda cubrir todos los cargos. Porque jubilados que hubo en la sala de Palo Blanco. Hablo de enfermeros, de chofer de la ambulancia, cargos que se jubilaron y nunca fueron cubiertos (…) También le pedí (al equipo del Ministerio de Hacienda y Obra Pública) que nos entreguen el proyecto para ver de qué se trata, queremos que sea ejecutado con mano de obra de Palo Blanco, porque no tenemos otra fuente. Tenemos los jóvenes que se van. Tenemos mano de obra calificada, llámese piedra, abobe, block, lo que sea, en electricidad, plomería. Queremos que nos tengan en cuenta en ese rubro”.
Su planteo sintetizó una de las principales demandas sociales: que la inversión minera no solo se traduzca en infraestructura, sino también en empleo local y arraigo para las comunidades.
La audiencia dejó en claro que, más allá del volumen de obras, el desafío central radica en sostener mecanismos de transparencia, participación y control social sobre el uso de los recursos generados por la minería.




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